El primer ministro de Alemania, Friedrich Merz, ha anunciado recortes en la renta de ciudadanía establecida en su país, con duras sanciones para aquellos que rechacen buscar trabajo. La renta de ciudadanía sustituyó en el país germano a la anterior ayuda para desempleados. Percibida por los hogares en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad socio económica, prioriza las ayudas para aquellos que incluyen a personas con discapacidad y niños en primera infancia. La renta ciudadana alemana se complementa con el subsidio ciudadano, concedido a personas en edad legal de trabajar cuyos ingresos no superen la cantidad considerada como mínima para poder satisfacer sus necesidades básicas.
En línea con el anuncio de Merz, la coalición de gobierno formada por la CDU y el Partido Socialdemócrata apuesta por un mayor control del gasto social. Entre las medidas que pretende impulsar, dentro de la reforma del sistema de renta básica, figura la posibilidad de retirar ayudas y subsidios a aquellos que se nieguen a trabajar o buscar un empleo.
En España, la necesidad de un debate riguroso y responsable sobre la eficacia del amplio paquete de medidas que forman parte del llamado escudo social no tiene fecha, ni para el Gobierno ni para la oposición. Tampoco para los partidos políticos. Resulta absolutamente frustrante escuchar, día tras día, cómo desgastamos las energías en debates que no conducen a ninguna parte. El Parlamento de España se ha convertido en escenario para un espectáculo continuado de insultos, descalificaciones y faltas de respeto, con el que no nos sentimos identificados una buena parte de los ciudadanos.
Mientras tanto, no parece que ni unos ni otros muestren interés por debates como el que se ha abierto en Alemania sobre la sostenibilidad del conjunto de las políticas sociales y las medidas necesarias para garantizar su continuidad en el tiempo.
En el caso de nuestro Archipiélago, a los problemas generales que atañen al conjunto del Estado deberíamos sumar, prestando más atención, a aquellos que específica y directamente nos afectan, por muy escabrosos que resulten.
Que tengamos alrededor de 150.000 parados y que las empresas no encuentren a quien quiera trabajar es un serio problema. El desajuste que se está produciendo entre la oferta y la demanda real de empleo requiere una reflexión responsable entre partidos políticos, empresarios y sindicatos.
Es increíble, pero cierto. La economía de la Islas está generando más puestos de trabajo que su capacidad real para cubrirlos. ¿Cuál es el problema? ¿Falta de formación y cualificación? ¿Salarios poco atractivos? ¿Desafección al trabajo por un exceso de protección del que renuncia al mismo? Se trata de interrogantes que deberíamos ir despejando, porque está en juego el modelo de sociedad y convivencia que queremos para las nuevas generaciones de personas integradas en las Islas.
No se puede culpabilizar de todo a la formación, puesto que la mayor parte de los puestos de trabajo a cubrir no son de alta cualificación: jardineros, friegaplatos, mozos, peones, albañiles, pintores, camareros o conductores, entre otros. Si el problema fuera la cualificación, tendríamos que hacer cursos especiales para la incorporación al empleo, siempre de la mano de los empresarios. La inacción como solución está obligando a las empresas a importar mano de obra foránea, con lo que se agravan los problemas de sobrecarga en los servicios públicos, con mayor carencia de viviendas y más vehículos en las carreteras del Archipiélago. Canarias debería optar por el disfrute de una sociedad activa, con retos e ilusión en la superación. Pero, para ello, el empleo resulta un factor clave, incentivando el trabajo y poniendo coto a la picaresca. Una sociedad subsidiada y pasiva nos conducirá indefectiblemente a la melancolía.
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