El sur de Tenerife es tierra de contrastes, entre los que domina sobremanera la imagen que proyecta el Aeropuerto Internacional Tenerife Sur-Reina Sofia frente a la que exhiben los más de cincuenta hoteles de cinco estrellas y las modernas instalaciones de ocio implantadas en la zona, que durante los últimos años han crecido en número y calidad.
El aspecto lamentable de este aeropuerto no se corresponde ni con el nivel de desarrollo de la Isla, ni con su oferta turística. Y menos aún con lo que significa para la economía insular y los puestos de trabajo que genera. Hablamos de una instalación que es una auténtica vergüenza para Tenerife y Canarias.
Durante decenios, organizaciones empresariales e instituciones isleñas han venido reclamando, sin éxito, una actuación integral, tanto en lo estructural como en lo funcional y estético, en beneficio de los usuarios y para mejorar la imagen de esta verdadera puerta de entrada y salida de la Isla. Resulta del todo inexplicable la falta de tacto que históricamente ha tenido AENA con nuestro Archipiélago. Pese a la rentabilidad de la red isleña y el significado que tienen los aeropuertos para la economía y el empleo turístico, su abandono sistemático no tiene justificación alguna.
Por todo ello, el reciente anuncio del presidente Pedro Sánchez sobre la inversión de cerca de mil millones en los aeropuertos canarios, dentro del cuatrienio 2027-2031, podría ser una magnífica noticia, si no fuera porque, en más de una ocasión, este tipo de declaraciones no pasa de ahí. Ojalá que esta vez el anuncio sea el preámbulo de una realidad que urge, ante la necesidad acuciante que tiene el TFS de mejorar la confortabilidad de los millones de pasajeros que entran y salen por el mismo.
No obstante, habrá que ir salvando proyectos, financiación, licitación y un largo etcétera de trámites en el largo proceso administrativo que requieren obras de esta envergadura. El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife tendrán que estar muy atentos para que no se produzca ninguna sorpresa desagradable. Además, si tenemos en cuenta que la inversión anunciada para esos cuatro años alcanza los 13.000 millones de euros en toda la Red de Aeropuertos, los 800 millones programados para Canarias quedan muy por debajo de lo que objetivamente nos corresponde.
Hace tiempo que las Islas, conforme a lo dispuesto en su Estatuto de Autonomía, reclaman la gestión de sus aeropuertos. O, al menos, participar en la misma. Recuérdese que, aprovechando el buen posicionamiento político que tuvo en Madrid el nacionalismo canario, junto a vascos y catalanes, logramos vencer las resistencias estatales para participar en la gestión de los Parques Nacionales y los Puertos del Estado. La modificación de las leyes en ambos ámbitos, por las que las comunidades autónomas entraban a formar parte en sus órganos gestores de Parques Nacionales y Puertos del Estado, fue fruto de una negociación política con el Gobierno de Aznar, en la legislatura 1996-2000.
Las características singulares de nuestros aeropuertos, con lo que aportan económicamente al presupuesto de AENA, dificulta la ruptura de su posición de bloqueo a cualquier negociación para el traspaso a Canarias. Además, las circunstancias políticas estatales y la limitada capacidad de influencia que tiene hoy el nacionalismo canario en Madrid impiden una negociación real para esa transmisión.
Ahora bien, el nombramiento de un paisano dentro del consejo de administración de AENA tiene que ser una cuestión que plantear y exigir desde que el gobierno del Estado necesite el voto canario. Sería la mejor manera de enriquecer las decisiones que adopte el órgano de decisión de esta empresa de mayoría pública.
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