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Los errores en las pulseras antimaltratadores pone en cuestión la lucha contra la violencia de género

viernes 26 de septiembre de 2025, 10:42h

El mal funcionamiento de las pulseras telemáticas para maltratadores condenados obliga a una reflexión serena pero firme. Estos dispositivos constituyen una herramienta fundamental de protección para las víctimas de violencia de género. Si su funcionamiento no es plenamente fiable, la confianza en el sistema se resquebraja y, lo que es más grave, la seguridad de las víctimas queda en entredicho.

Durante días, desde el propio Ministerio de Igualdad se ha estado negando que existieran incidencias relevantes. Finalmente, y tras la denuncia de la Fiscalía, se ha pedido disculpas. Este gesto, aunque necesario, llega tarde. La primera obligación de las instituciones es reconocer los problemas con transparencia y asumir la responsabilidad de corregirlos sin demora. La protección de las mujeres no puede ser materia de disputa política ni quedar supeditada a la gestión de crisis mediáticas.

El Estado tiene la obligación de garantizar que cada herramienta destinada a proteger vidas de mujeres amenazadas cumpla con su cometido

El trasfondo de este asunto revela una desconexión preocupante. Por un lado, abundan las declaraciones y compromisos solemnes en la lucha contra la violencia de género. Por otro, persisten deficiencias en los medios materiales y humanos que deben garantizar la eficacia de esas políticas. Las palabras, por muy firmes que sean, pierden valor si no se traducen en mecanismos de protección efectivos.

La sociedad exige hechos. Los tuits de indignación de políticos y responsables gubernamentales tras cada episodio de violencia machista, no casa con la realidad de los hechos. Es preciso que los dispositivos de control funcionen siempre, que se corrijan sin demora los fallos técnicos, que exista supervisión permanente y que la coordinación entre ministerios, fuerzas de seguridad, jueces y operadores tecnológicos sea impecable. La seguridad de las víctimas no admite improvisaciones ni justificaciones tardías.

El Estado tiene la obligación de garantizar que cada herramienta destinada a proteger vidas de mujeres amenazadas cumpla con su cometido. Y esa garantía solo se obtiene con rigor, recursos suficientes, transparencia y voluntad de mejora constante. Pedir disculpas es un primer paso. Asegurar que nunca más se repitan fallos de este tipo es la verdadera tarea pendiente.

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