Vivimos tiempos convulsos. La política, la economía y hasta la vida cotidiana están cada vez más atravesadas por la desinformación. Y no hablo sólo de los bulos que circulan a velocidad de vértigo en las redes sociales, donde una mentira bien construida se comparte más que un hecho comprobado. Hablo también de la falta de rigor que a veces muestran ciertos medios, que en ocasiones pueden verse condicionados por intereses económicos o políticos. Y eso, en una democracia, que ya muestra algunos síntomas de debilidad, es un riesgo que no podemos permitirnos.
La democracia necesita una ciudadanía informada, capaz de tomar decisiones libres y conscientes. Y esa capacidad depende, en gran medida, de que los profesionales de la comunicación realicen su trabajo con rigor, con ética y con responsabilidad social. No es una cuestión menor: si la información se degrada, la democracia se degrada.
No podemos resignarnos a que la información se convierta en un producto manipulado al servicio de intereses privados o partidistas.
No nos engañemos: las noticias falsas ya no son un fenómeno marginal. Se han convertido en un instrumento de poder. Quien controla el relato, controla la opinión pública. Quien controla la opinión pública, controla el rumbo de las sociedades. Por eso vemos campañas organizadas que difunden bulos sobre cuestiones sociales, económicas o políticas de gran relevancia, con el objetivo claro de sembrar miedo, dividir y debilitar a la sociedad, al menos a quienes defendemos una sociedad más justa.
También en Canarias, como en el resto del Estado. A modo de ejemplo, cuando una noticia falsa sobre economía o cualquier otro ámbito se extiende, puede afectar a decisiones de inversión, empleo, incluso al consumo familiar o a las decisiones en el ámbito al que nos refiramos.”
El periodismo tiene una responsabilidad que va mucho más allá de “dar titulares”. Su función no debería ser alimentar la polarización ni convertir la realidad en un espectáculo. Su función es iluminar, dar contexto, investigar y, sobre todo, servir a la ciudadanía.
Existen también muchos profesionales que, con gran esfuerzo y a menudo con recursos limitados, mantienen viva la esencia del periodismo: investigar, contrastar y ofrecer información veraz a la ciudadanía.
La democracia está en peligro cuando la mentira se normaliza. Y hoy la mentira se normaliza demasiado rápido. Por eso nos corresponde exigir a aquellos profesionales de la comunicación que han abandonado el rigor, la veracidad y la valentía, que la recuperen. Que recuerden que su compromiso no es con los gobiernos ni con las empresas, sino con la sociedad.
La información debe primar siempre sobre cualquier interés. Y eso significa apostar por periodistas formados, con condiciones laborales dignas y con independencia real.
La ciudadanía también tiene un papel activo: verificar antes de compartir, contrastar fuentes y apoyar a los medios que apuestan por la independencia y la calidad.
En resumen, el futuro de nuestra democracia depende, en gran medida también, de la calidad de la información que consumimos. Si los bulos, la manipulación y el espectáculo sustituyen al buen periodismo, perderemos algo más que el derecho a estar informados: perderemos la capacidad de decidir con libertad, y cuando la verdad calla, la democracia muere.
Esther González González, diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista en el Parlamento de Canarias.
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