La defensa que se hace del Fiscal General es que no hay pruebas para acusarlo, pero se obvia decir que éstas no existen porque fueron destruidas, según otro fiscal, ante los ojos de la Guardia Civil. Ya veremos lo que sale del juicio. De momento se trata de un asunto mediático, y por lo tanto opinable.
Como siempre, los que cierran filas siguiendo las consignas de los de arriba y la masa que intenta aplicar el sentido común a aquello que no conoce. Las pruebas no están porque han sido borradas del mapa; sin embargo, algo debe de conocer el tribunal para seguir adelante y sentarlo en el banquillo. El debate se centra entonces en lo insólito que resulta ver imputado al máximo representante de la acusación pública en el ejercicio de su cargo. Algunos afirman que esto no ha ocurrido nunca en un país democrático, mientras otros lo justifican denunciando una operación de acoso en la que interviene de forma especial el desencuentro entre los miembros del poder judicial.
En ningún caso esto alimenta el fortalecimiento de la independencia de los tres poderes de Montesquieu, pero estas son las maneras de la nueva política, en cuya interpretación todos, y hasta yo mismo, estamos anticuados. La palabra contundencia, en este caso, se confunde con anuencia, conveniencia, y otras similares, y hasta con la paciencia que hay que tener para soportar algo cercano a la incongruencia. Esto comienza el día que la UCO declara no haber encontrado nada en los soportes cuyo contenido fue previamente eliminado, como los ordenadores de Bárcenas rotos a martillazos en la sede de Génova, y la consiguiente salida del presidente demandando quién iba a pedir perdón.
A este espectáculo mediático hemos asistido todos los españoles en los últimos meses: una batalla judicial en la que los unos y los otros, o los hunos y los hotros, como decía Unamuno, se están arrojando venganzas mutuas desde el primer día. En medio, un fiscal con cara de no haber roto un plato, sometido a la presión política y a la de sus compañeros de la carrera judicial. Lo digno, para él, sería someterse a lo que digan los Tribunales y apartarse por el momento de sus responsabilidades. Si, como asegura, es inocente, ya se encargarán estos de proclamarlo. Si lo que espera es llegar vivo al mandato de Conde Pumpido o a la aprobación de la ley Bolaños, me temo que no va a ser posible.
El problema es que este caso no es el único clavo ardiendo al que se agarra el Gobierno. En los medios se anuncian más sorpresas, provenientes todas del mismo lado y de la misma investigación. Ante esta situación, lo del fiscal sirve también para ganar tiempo. Aquí todos lo hacen. Por eso dice Rufián que hay que aprovechar el poco que queda para sacar la máxima ventaja posible. Ahora se anuncia un tsunami por culpa de un terremoto en Rusia; el que amenaza a España está a la vuelta de la esquina y todos pretenden enfrentarlo a pecho descubierto. Se corre el riesgo de que la ola se lleve por delante a todo lo que todavía permanece en pie de forma renqueante.
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