En esta extraña época de construcción de “relatos” y ocultamiento sistemático de la verdad, uno de los eslóganes puesto en circulación por el independentismo catalán es el de que “Espanya ens roba”, proclamando que el resto de los españoles aprovecha injustamente la riqueza generada por Cataluña. Ahí está la base del llamado “cupo” catalán, con el que ERC y Junts pretenden chantajear a Sánchez a cambio de los votos necesarios para su permanencia en el poder.
Los partidos separatistas catalanes reclaman una cesión íntegra de la recaudación por IRPF en Cataluña (una de las más elevadas de España) destrozando la solidaridad que cualquier Estado debe procurar con todos sus territorios nacionales. Justo la antítesis de lo que deberían defender partidos como el PSOE o sus aliados que se dicen “progresistas”.
En la línea de lo que contaron Josep Borrell y Joan Llorach en “Las cuentas y los cuentos de la independencia”, el catedrático de economía en la Universidad de Pennsylvania Jesús Fernández-Villaverde y el inspector de Hacienda -y antiguo responsable de fiscalidad de Ciudadanos- Francisco de la Torre han publicado un estudio llamado “La factura del cupo catalán”, en el que explican que -aparte de la ruptura de la solidaridad territorial- dicha cesión al separatismo “se traducirá en menos recursos para combatir el fraude y en una vida más complicada para los contribuyentes honestos”. Según los indicados autores, la gran paradoja de la reclamación del independentismo catalán, que además no responde a una verdadera infrafinanciación de Cataluña sino a su gasto desmedido, es que el proyecto puede beneficiar a eventuales defraudadores de impuestos, y además redundará en “una mayor complejidad administrativa y peores servicios incluso para los contribuyentes catalanes”.
El empeoramiento del servicio va directamente relacionado con la necesaria creación de una “Agencia Tributaria catalana”, que multiplicará los costes administrativos y complicará la liquidación de los tributos. Ponen como ejemplo el caso de las Diputaciones Forales vascas, cuyo coste de recaudación es en un 80% superior al de la AEAT estatal, o también el de la Hacienda alemana, cuyo sistema descentralizado por cada Länder (Estados federados en los que se divide el país) hace que el coste por cada euro recaudado sea casi el triple que en España. La proliferación de Administraciones nunca suele redundar en la mejora ni en el abaratamiento del servicio.
Explican Fernández-Villaverde y de la Torre que la implantación del “cupo” catalán hará que empresas y contribuyentes radicados en Cataluña deban enviar información o presentar declaraciones en distintas Agencias Tributarias en función de su actividad empresarial o particular. Y que ello complicará también la persecución del fraude ya que, dada la duplicidad administrativa y la falta de coordinación entre Administraciones que será segura consecuencia de dicha implantación, “muchos incumplimientos tributarios quedarán sin detectar”. De ahí el temor de ambos autores a que la nueva Hacienda catalana se convierta en un “coladero de fraude” para grandes patrimonios, multinacionales o redes organizadas, tal como ha sucedido con el fraude del IVA de los hidrocarburos que ha destapado la trama en la que estaba involucrado Víctor de Aldama.
En definitiva, ambos economistas demuestran que la concesión de un “cupo” catalán no redundará ni en la mejora de los servicios públicos ni en la persecución del fraude, ni tampoco en la solidaridad interterritorial a que todo Estado debe aspirar entre sus ciudadanos. Resulta indefendible que los españoles -mientras sigamos siéndolo- suframos diferente tributación o peores servicios públicos en función del lugar donde vivamos. Este es otro desguace más que debemos agradecer al privilegio de disfrutar de un Gobierno “de progreso”. Porque los únicos que “progresan” son ellos.
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