Me dirijo a usted, en nombre de la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, CEOE Tenerife, organización empresarial más representativa en el ámbito autonómico, para trasladarle, nuestra preocupación por los efectos que la actual situación internacional continúa generando sobre el tejido productivo, los costes empresariales, la actividad económica y la competitividad de Canarias.
Como es de su conocimiento, el presidente del Gobierno de España ha anunciado la aprobación, en el próximo Consejo de Ministros, de un nuevo real decreto-ley destinado a paliar las consecuencias económicas derivadas de la guerra de Irán y de la inestabilidad en Oriente Medio. Compartimos la necesidad de nuevas medidas ante un contexto de elevada y sostenida incertidumbre, marcado por la volatilidad de los precios energéticos, el encarecimiento de los suministros, las tensiones en las cadenas logísticas y el incremento de los costes de producción que soportan nuestras empresas y sectores estratégicos.
No obstante, desde CEOE Tenerife consideramos imprescindible que, en la elaboración y aprobación de dicho real decreto-ley, se tengan en cuenta desde el primer momento las singularidades económicas, fiscales, territoriales y estructurales de Canarias. Nuestra condición de región ultraperiférica, la lejanía respecto de los principales centros de aprovisionamiento, la dependencia del transporte marítimo y aéreo, el sobrecoste logístico, la fragmentación insular y la existencia de un Régimen Económico y Fiscal propio hacen que cualquier medida estatal de carácter fiscal, energético o económico deba ser diseñada con una previsión específica para las Islas.
La experiencia reciente demuestra que esta advertencia no es meramente formal. El Real Decreto-ley 7 / 2026, de 20 de marzo, por el que se aprobó el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, incorporó medidas de apoyo dirigidas al conjunto del territorio nacional. Sin embargo, por la propia configuración del sistema fiscal canario y por la naturaleza de algunas de las medidas aprobadas, varias de ellas no resultaron directamente aplicables en Canarias o no desplegaron en las Islas una cobertura equivalente a la prevista para el resto del Estado.
Esta circunstancia obligó posteriormente al Gobierno de Canarias a aprobar el Decreto ley 3/2026, de 6 de abril, con medidas fiscales y ayudas directas complementarias para paliar el impacto de la crisis en el Archipiélago, incluyendo, entre otras, la aplicación temporal del tipo cero del IGIC a determinados productos energéticos, el incremento de la devolución del Impuesto Especial sobre Combustibles a agricultores y transportistas, la ampliación de productos básicos sujetos al tipo cero del IGIC y medidas de apoyo a sectores productivos especialmente afectados.
Desde CEOE Tenerife valoramos positivamente la respuesta articulada por el Gobierno de Canarias. Precisamente por ello, entendemos que dicho Decreto ley 3/2026 debe servir ahora como marco de referencia para la interlocución con el Gobierno de España, a fin de evitar que el nuevo paquete estatal vuelva a nacer sin una adecuada adaptación a la realidad canaria.
No se trata de solicitar un trato privilegiado, sino de garantizar un principio básico de igualdad efectiva. Las empresas, los autónomos, los trabajadores y las familias de Canarias deben poder beneficiarse de las medidas estatales con la misma intensidad y eficacia que el resto de ciudadanos y operadores económicos del territorio nacional. Para que ello sea posible, el legislador estatal debe prever expresamente la realidad fiscal canaria, el papel del IGIC, el Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo, el REF y en definitiva las singularidades reconocidas de nuestro Archipiélago.
De lo contrario, existe el riesgo de que las medidas anunciadas generen, desde su entrada en vigor, una nueva asimetría territorial, dejando a Canarias en una posición de desventaja inicial y obligando, una vez más, a articular soluciones posteriores para corregir una exclusión que podría evitarse en origen mediante una adecuada coordinación normativa.
Por todo ello, solicitarnos que desde el Gobierno de Canarias se intensifique, con carácter urgente, la interlocución con el Gobierno de España y con los departamentos ministeriales competentes, al objeto de que el nuevo real decreto-ley incorpore expresamente:
La situación exige una respuesta ágil, coordinada y sensible a las particularidades territoriales desde el propio diseño de la norma, de manera que se garantice la igualdad efectiva de condiciones que consagra la Constitución Española.
Desde CEOE Tenerife, como siempre, reiteramos nuestra plena disposición a colaborar con el Gobierno de Canarias y con todos los organismos y entidades implicados, en el análisis, propuesta y defensa de cuantas medidas resulten necesarias para proteger la actividad económica, preservar el empleo y garantizar que el tejido productivo canario reciba una respuesta proporcionada a la intensidad de los costes y sobrecostes que soporta.
Confiarnos en que el Gobierno de Canarias impulse esta posición ante el Gobierno de España con la máxima urgencia, a fin de que el nuevo real decretoley constituya una verdadera herramienta de protección también para Canarias, sin exclusiones, demoras ni diferencias de impacto respecto del resto del territorio nacional.
CEOE Tenerife