Agentes de la Guardia Civil intervienen en el cuartel general socialista y en inmuebles de altos cargos. La Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional impulsan el dispositivo.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha iniciado este miércoles, desde primera hora de la mañana, el registro de la sede del PSOE ubicada en la calle Ferraz de Madrid. El operativo se encuadra en una investigación sobre una supuesta red de financiación ilegal del partido, según han confirmado fuentes próximas a la instrucción.
El dispositivo, acordado por la Audiencia Nacional y respaldado por la Fiscalía Anticorrupción, se extiende también a determinados inmuebles pertenecientes a altos cargos del Partido Socialista. La operación, de gran envergadura, se prevé que se prolongue durante toda la jornada.
La investigación apunta a un supuesto mecanismo de financiación prolongado en el tiempo mediante el cual se habrían inyectado fondos de manera opaca en la contabilidad del PSOE con el objetivo de esquivar la fiscalización del Tribunal de Cuentas.
Según diferentes fuentes consultadas, los agentes también están investigando una serie de pagos realizados a Leire Díez, conocida en los círculos políticos como "la fontanera del PSOE" por su papel en la gestión discreta de asuntos internos del partido. Los investigadores estarían tratando de determinar el origen y la naturaleza de dichos pagos, y si estos guardan relación con el entramado de financiación irregular que centra la operación.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reaccionó con contundencia tras conocerse la noticia. A su llegada al Congreso de los Diputados, el dirigente popular afirmó que "no queda más remedio que darle la voz a los españoles de forma inmediata", en alusión a la convocatoria de elecciones generales anticipadas.
Feijóo aseguró que hará "todo lo posible" para cambiar el actual Gobierno y apeló a los socios del Ejecutivo para que retiren su respaldo a un Ejecutivo que, según sus palabras, "apesta". El presidente del PP lanzó una ráfaga de preguntas retóricas ante los medios congregados en los pasillos del Parlamento: "¿Cuántas redadas más, cuántas comisiones más, cuántas mordidas más, cuánto dinero en bolsas, cuántas joyas, cuántos sumarios?", apuntando a una sucesión de escándalos que, a su juicio, hacen insostenible la continuidad del Gobierno.
La operación contra la financiación ilegal del PSOE se ha sumado esta semana a la investigación que ha salpicado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo caso ha estallado en los últimos días y ha añadido una nueva capa de presión sobre el Ejecutivo.
El panorama para Pedro Sánchez se ha vuelto asfixiante. El presidente del Gobierno ve cómo el cerco judicial se está cerrando progresivamente a su alrededor hasta alcanzar a su círculo más íntimo y de mayor confianza. Su hermano, David Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, están en el foco de los tribunales. A ellos se suman dos de sus ex pilares orgánicos: el exministro José Luis Ábalos, cuya trama ha sacudido los cimientos del partido, y el exdiputado Santos Cerdán, señalado por su papel en presuntas negociaciones irregulares.
Un goteo de causas judiciales que convierte la legislatura en una carrera de obstáculos permanente y que pone en cuestión, de forma creciente, la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo.