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Canarias se halla ante un dilema de respuesta compleja. La incomodidad por la saturación física, especialmente en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, empieza a generalizarse. No solo es que la percibamos y sintamos quienes vivimos aquí, sino que también empiezan a notarla y sufrirla muchos de los turistas que nos visitan; especialmente, los de mayor poder adquisitivo.
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Carreteras saturadas, que en horas punta ya casi llegan al bloqueo. Gente que vive en caravanas, cuevas e infraviviendas. Centros sanitarios, educativos y de atención social desbordados. Degradación de espacios en zonas turísticas, debido a la masificación. Afección a nuestro patrimonio natural y paisajístico. Pérdida de la tranquilidad y seguridad de la que se gozaba tradicionalmente… Podríamos seguir con un largo etcétera de consecuencias.
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Se extiende la sensación de que albergamos más gente que la que realmente cabe en territorios limitados como son las Islas. Cada vez sorprende menos que esta percepción, la existencia de “demasiada gente”, esté generalizándose entre la población insular. En consecuencia, cada día que pasa son más los ciudadanos convencidos de la necesidad de controlar los crecimientos de población.
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Pero se da la paradoja de que, si no importamos mano de obra foránea, también corremos el riesgo de que la economía registre un parón acusado. Por más que el Archipiélago acumule alrededor de 150.000 parados, sigue sin haber gente que quiera trabajar. Ni en pequeñas labores, ni en grandes obras, ni en la ampliación o puesta en marcha de nuevos servicios.
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La queja generalizada del sector empresarial es que no consigue trabajadores. La situación llega al punto de que muchos empresarios estén renunciando a impulsar nuevos proyectos, por no encontrar mano de obra. Y sucede lo mismo en la restauración y la hostelería; en el comercio y en otros servicios.
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Otro dato para tener en cuenta es que peninsulares, italianos, marroquíes, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, argentinos, alemanes o británicos suman una buena parte de los más de 500.000 foráneos que sostienen la actividad económica de las Islas.
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Con todo ello, si cada día hay menos gente dispuesta a trabajar, entre los parados que tiene el Archipiélago, y queremos evitar un frenazo a las actividades económicas, no habrá otra que seguir importando mano de obra foránea.
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Siendo así, volvemos a situarnos ante la reflexión inicial y el mismo dilema: ¿Más saturación o frenazo a las actividades económicas? El sentido común sugiere que ninguna de estas opciones ayuda al bienestar futuro de quienes vivimos aquí. Deberíamos aspirar a menos saturación y el fortalecimiento económico.
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Se hace necesario para ello que los puestos laborales que genere la economía isleña sean ocupados por trabajadores inscritos entre los 150.000 que engrosan las listas del paro, a quienes hay que ofrecer toda la formación que sea necesaria y el compromiso de salarios dignos. Tenemos que bascular de las políticas pasivas de empleo a las activas. O sea, más formación, orientación e inserción, con incentivos empresariales a la contratación y, por supuesto, mayor control en las prestaciones y subsidios laborales.
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En definitiva, está en juego la consecución de una vía que inserte laboralmente a las personas en situación de desempleo. No solo nos hallamos ante el dilema control de la población o sostenibilidad de la actividad económica, sino también ante la apuesta por un modelo social más activo y menos subsidiado.
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