El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha declarado este lunes ante el Tribunal Supremo en el marco del juicio por el denominado caso de las mascarillas, donde ha articulado una defensa centrada en su desvinculación absoluta de cualquier práctica irregular durante la pandemia.
En una declaración de marcado carácter exculpatorio, ha rechazado de forma tajante haber participado en adjudicaciones fraudulentas o haber percibido sobornos o comisiones vinculadas a contratos de material sanitario.
El exsecretario de Organización del PSOE, que se enfrenta a una petición de pena de 24 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción y actualmente se encuentra en prisión preventiva junto a Koldo García, ha sostenido que su actuación al frente del Ministerio se limitó a la gestión institucional en un contexto de emergencia sin precedentes. Según ha defendido, las decisiones adoptadas durante los primeros meses de la crisis sanitaria respondieron a la urgencia del momento y se canalizaron a través de los procedimientos administrativos habituales, sin injerencias externas ni trato de favor hacia empresas concretas.
Durante su intervención, el exministro ha insistido en que no tuvo conocimiento de ninguna trama empresarial ni de supuestas mordidas asociadas a la compra de mascarillas. Ha negado de manera categórica haber recibido contraprestaciones económicas o haber intervenido en la selección de proveedores. En este sentido, ha tratado de desmontar el núcleo de la acusación, que sostiene la existencia de una red de intermediación que habría aprovechado la situación de emergencia para lucrarse mediante contratos públicos.
Su discurso ha pivotado sobre una idea central: la ausencia total de pruebas directas que acrediten su implicación. Ábalos ha subrayado que las acusaciones se sustentan en inferencias y en declaraciones de terceros, en alusión implícita a las manifestaciones del empresario Víctor de Aldama y de su exasesor Koldo García, cuyas versiones han sido uno de los pilares de la causa.
"Víctor de Aldama --empresario y coacusado en el juicio-- el otro día me puso más millones. Yo estoy encantado, porque cuantos más millones me pongan, más es exigible la identificación y la localización de ese dinero", ha señalado, tras un tira y afloja con el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, a cuenta de los atestados de la Guardia Civil.
El exministro también ha lamentado que "en cada declaración, aumentan los millones" que le atribuyen y que él niega, pero que la UCO halló los 94.000 euros "porque no ha habido forma" de encontrar "nada más".
"La investigación esta empezó en el año 22. En abril del 22. Estamos en mayo del 2026. ¿Me quiere decir que en cuatro años no me han localizado cuentas, dinero, fondos? Solamente esto de los 'whatsapps'" del móvil de Koldo, ha declarado.
En este sentido, ha dicho que "se pueden ocultar 100.000, 200.000, 300.000", no así "millones". "Se pueden gastar también", ha replicado Luzón, a lo que Ábalos ha respondido "que no": "Mire cómo yo he vivido y mire cuántas veces he salido del país".
"Todo lo que se me atribuye en esta causa son 94.800 euros son de origen desconocido. Esto es lo que se van a encontrar en diez años para el gran caso de corrupción de las mascarillas", ha ironizado.
Uno de los ejes de su defensa ha sido marcar distancia con Koldo García, señalado por la investigación como figura clave en la supuesta red de intermediación. Ábalos ha reconocido su relación profesional con quien fuera su asesor, pero ha negado que este actuara en su nombre en operaciones irregulares o que él tuviera conocimiento de posibles gestiones al margen de la legalidad.
En esta línea, ha defendido que las actuaciones individuales de terceros no pueden ser automáticamente imputadas al titular del Ministerio, especialmente en un contexto de contratación masiva y acelerada como el que impuso la pandemia. Su declaración ha buscado, así, delimitar responsabilidades y situar cualquier posible irregularidad fuera de su ámbito de control directo.
El exministro ha enmarcado toda su actuación en la excepcionalidad de la crisis sanitaria, insistiendo en que el objetivo prioritario era garantizar el suministro de material en un momento de colapso de los mercados internacionales. Ha recordado las dificultades logísticas, la escasez global de mascarillas y la presión institucional para dar respuesta inmediata a una situación crítica.
Desde esta perspectiva, ha defendido la legalidad de los procedimientos de emergencia utilizados por la administración, subrayando que estos mecanismos están contemplados en la normativa precisamente para situaciones extraordinarias. Su relato ha tratado de reforzar la idea de que no hubo margen para prácticas ilícitas, sino decisiones adoptadas bajo presión y con el único propósito de proteger la salud pública.
La comparecencia de Ábalos ante el Tribunal Supremo no ha introducido elementos de autocrítica ni ha dejado espacio para interpretaciones ambiguas. Su estrategia de defensa ha sido clara: negar cualquier participación en la trama, cuestionar la solidez de las acusaciones y desvincularse de las actuaciones de otros investigados.