El juicio del ‘caso mascarillas’ en el Tribunal Supremo ha comenzado con los testimonios escritos de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, quienes han negado cualquier implicación en la contratación irregular de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Víctor de Aldama.
El juicio en el Tribunal Supremo por el denominado ‘caso mascarillas’ ha arrancado este martes con las declaraciones como testigos, por escrito, de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quienes han negado de forma tajante haber dado órdenes o instrucciones para contratar material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario Víctor de Aldama.
Las declaraciones, remitidas por escrito y leídas en el Salón de Plenos del alto tribunal, abren una vista oral en la que el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García se enfrentan a peticiones de penas de hasta 30 años de cárcel, mientras que el empresario Aldama afronta una solicitud de siete años tras haber reconocido los hechos.
En su escrito, Armengol sostiene que durante su etapa como presidenta del Govern balear no participó en la tramitación de expedientes ni dio indicaciones sobre adjudicaciones públicas, subrayando que no intervino “ni en el ámbito sanitario ni en ningún otro”. La dirigente socialista asegura que no mantuvo conversaciones con Koldo García ni con Ábalos sobre contratos de material sanitario y que desconocía el papel de Aldama en la supuesta trama.
Asimismo, admite que no recuerda con precisión todas las comunicaciones mantenidas durante la pandemia y no descarta que García pudiera haber contactado con ella, aunque precisa que lo conoció posteriormente a través de informaciones publicadas en medios. En cualquier caso, insiste en que nunca gestionó contratos ni tuvo relación con la empresa investigada, que percibió 3,7 millones de euros del Govern balear.
Por su parte, Ángel Víctor Torres ha defendido que las contrataciones realizadas en Canarias se llevaron a cabo con “rigor técnico y administrativo”. El ministro explica que tuvo conocimiento de incidencias en los contratos cuando Koldo García le trasladó problemas de cumplimiento por parte de la empresa, lo que motivó un seguimiento de los expedientes, siempre —según subraya— respetando las decisiones de los servicios técnicos y jurídicos.
Torres recalca que su intervención se produjo en una fase posterior a la adjudicación y se limitó a supervisar la correcta respuesta administrativa ante los incumplimientos detectados, negando haber dictado órdenes o resoluciones a favor de la mercantil. Añade que este tipo de seguimiento era habitual en el contexto de la gestión de la pandemia y remite a las auditorías realizadas, que —según afirma— avalaron la corrección de los procedimientos.
El proceso judicial, que se prolongará durante varias semanas, cuenta con más de 70 testigos y pretende esclarecer si existió una trama organizada para obtener beneficios económicos mediante la adjudicación irregular de contratos de material sanitario en plena emergencia sanitaria.