El Gobierno de Canarias ha eliminado las listas de espera para valoraciones de discapacidad en las islas no capitalinas, logrando resolver todos los casos en menos de 180 días. Gracias a la descentralización de equipos, convenios con cabildos y la implementación del Decreto-ley 4/2025, se ha agilizado el proceso de valoración. A pesar de este avance, aún persisten listas de espera en las islas capitalinas, donde hay 26.000 personas esperando atención. La Consejería de Discapacidad trabaja para reducir estos tiempos y priorizar casos según su urgencia social.
El Gobierno de Canarias ha logrado, durante la presente legislatura, eliminar las listas de espera para la valoración de discapacidad en todas las islas no capitalinas. Este avance implica que en La Gomera, El Hierro, La Palma, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, los ciudadanos recibirán una respuesta a sus solicitudes en un plazo inferior a 180 días, tal como estipula la normativa vigente. Sin embargo, el reto no termina aquí: para junio de 2027 se busca replicar este éxito en las islas capitalinas.
Este progreso se atribuye principalmente a la gestión descentralizada de las valoraciones de discapacidad. A través de convenios con los cabildos, se han formado equipos locales que atienden directamente a la población. Además, el nuevo Decreto-ley 4/2025, promulgado el 29 de julio, ha sido fundamental para agilizar estos procesos al permitir que ciertas patologías crónicas sean resueltas mediante informes médicos.
Las medidas implementadas han llevado a una mayor igualdad entre las islas, evitando que el territorio fragmentado genere una doble discriminación para los ciudadanos. Este cambio ha sido posible gracias al esfuerzo del personal encargado de los equipos de valoración, quienes han incrementado significativamente el número diario de evaluaciones realizadas.
Los resultados son evidentes: entre 2020 y 2024, el sistema operó por debajo del nivel necesario para evitar acumulaciones, con 82.146 expedientes ingresados y solo 52.876 resueltos. Sin embargo, desde 2024 se ha comenzado a notar una recuperación y en 2025 se produjo un cambio notable: por primera vez se resolvieron más expedientes de los que entraron. En total, se registraron 17.265 resoluciones, lo que representa un 185% más que lo ingresado.
A pesar del avance significativo en la resolución de casos, aún persiste una lista de espera considerable en las islas capitalinas, donde aproximadamente 26.000 personas aguardan por su valoración. Esta cifra es notablemente inferior a los más de 40.000 pendientes al inicio de la legislatura.
Un aspecto clave en esta mejora ha sido el acceso a la historia clínica electrónica, lo cual ha facilitado la tramitación y resolución de expedientes sin necesidad de solicitar información adicional a los ciudadanos cuando ya está disponible en los sistemas sanitarios. Esto permite liberar recursos para aquellos casos que requieren atención directa.
Además, se está implementando un proceso automatizado que incluye robótica e inteligencia artificial para optimizar aún más la gestión. El nuevo decreto también amplía las prioridades en la atención: ahora incluye a menores hasta los 18 años, asegurando que niños y adolescentes con discapacidad no queden atrapados en colas generales durante etapas críticas de su desarrollo.
Asimismo, situaciones sociales graves se consideran ahora criterios prioritarios debido a su impacto combinado con la discapacidad. De este modo, la lista de espera deja atrás su carácter cronológico y se organiza según la urgencia social.