El Ministerio de Hacienda ha puesto sobre la mesa este lunes una propuesta calcada a la del año pasado: permitir a las comunidades autónomas un déficit del 0,1% del PIB en 2026, 2027 y 2028. Un margen fiscal que suma 5.485 millones para el conjunto de las regiones y que servirá de base para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026. La propuesta ha sido presentada a los consejeros autonómicos en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El Gobierno de PSOE y Sumar ya trató de sacar adelante exactamente la misma senda de estabilidad el año pasado, pero el Congreso la tumbó. Y el aviso de Junts no puede ser más claro: si el Ejecutivo insiste en los mismos objetivos, el voto volverá a ser negativo. La portavoz de la formación, Miriam Nogueras, lo ha expresado sin rodeos: “Si presenta lo mismo va a tener el mismo voto que ha tenido el año pasado”. Para Junts, el reparto entre instituciones debe cambiar, y las comunidades necesitan más margen.
No comparte ese diagnóstico la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Su presidenta, Cristina Herrero, recordó recientemente que, según sus previsiones, las autonomías podrían alcanzar el equilibrio presupuestario ya en 2026. Con la regla de gasto en vigor, sostuvo, “no parece que el conjunto del subsector necesite un objetivo mayor de déficit”. Herrero participa este lunes en el Consejo, aunque sin derecho a voto.
El recuerdo de la fallida tramitación de los presupuestos pesa. El Gobierno tuvo que presentar en dos ocasiones los objetivos relativos a las cuentas de 2024, que finalmente no avanzaron por el adelanto electoral en Cataluña. A ello se sumó el rechazo parlamentario a la senda presupuestaria de 2025, que impidió aprobar nuevas cuentas públicas.
Tras la reunión con las comunidades, el Ejecutivo seguirá adelante con el calendario previsto. Este martes, el Consejo de Ministros aprobará el límite de gasto no financiero —el conocido ‘techo de gasto’— y los objetivos de estabilidad y de deuda pública para remitirlos a las Cortes. Si el Parlamento valida la senda 2026-2028 —el ‘techo de gasto’ no se vota—, el Gobierno podrá dar el siguiente paso: aprobar el proyecto de Presupuestos y enviarlo al Congreso para su tramitación.
Sin embargo, es dudoso que el Ejecutivo de Pedro Sánchez logre tirar adelante sus planes presupuestarios.
Los gobiernos autonómicos del PP han desembarcado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) sin grandes expectativas y con un mensaje común: nada de “cesiones ni privilegios” a Cataluña. La reunión ha servido de altavoz para las críticas de las comunidades populares, que acusan al Ejecutivo de llegar tarde y de maquillar el orden del día con asuntos “de relleno”.
La consellera valenciana, Ruth Merino, verbalizó el sentir general antes de entrar al encuentro: “Venimos con pocas esperanzas y pocas expectativas” en lo relativo a la reforma del sistema de financiación autonómica. A su juicio, incluir este punto en la reunión pretende solo evitar que las comunidades del PP “se quejen” de que no se aborda un problema que lleva años enquistado.
La demora en convocar el CPFF ha sido otro de los reproches. La responsable madrileña, Rocío Albert, ironizó con que el encuentro llega “con las luces de los arbolitos de Navidad prácticamente encendidas”, cuando tradicionalmente se celebra en verano para permitir a las regiones preparar sus presupuestos. “Lo hemos tenido que hacer a ciegas, sin saber los objetivos de déficit”, denunció, acusando a Montero de “ningunear” a las autonomías.
En la misma línea se expresó el consejero murciano, Luis Alberto Marín, que recriminó al Ministerio de Hacienda que pretenda cerrar los objetivos de estabilidad “a las puertas de diciembre”. La consejera andaluza, Carolina España, recordó que la Junta ya ha aprobado sus cuentas para 2026 y lamentó que el Gobierno central “llega tarde y mal” para fijar el marco fiscal.
Las comunidades ‘populares’ también rechazan que se dé por sentado un clima de normalidad institucional cuando el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin presentar los Presupuestos Generales del Estado. Merino calificó el contenido del CPFF de “trámite” y de intento de “dar una falsa sensación de normalidad”.
Además, tanto la Comunitat Valenciana como Andalucía volvieron a exigir la creación de un fondo transitorio de nivelación para las autonomías consideradas infrafinanciadas, mientras no se reforma el actual sistema. Merino avanzó que reivindicará este mecanismo durante la reunión para aliviar la situación financiera de las regiones más castigadas por el modelo vigente.