El primer Plan General de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración Pública en Canarias ha recibido el respaldo de los sindicatos, tras una reunión convocada por la Consejería de Presidencia. Este plan, que marca un hito en la comunidad autónoma, establece un marco para desarrollar planes sectoriales en áreas como Justicia, Sanidad y Educación. Su objetivo es integrar la prevención de riesgos laborales en la estructura administrativa y mejorar la eficacia de los servicios públicos, garantizando así la seguridad de los empleados públicos. El documento será elevado al Consejo de Gobierno para su aprobación.
Las organizaciones sindicales han dado su visto bueno al primer Plan General de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración Pública en Canarias, durante una reunión convocada por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Este documento marco recibió el respaldo del Comité Interdepartamental, lo que marca un hito significativo en la gestión de la seguridad laboral en la comunidad autónoma.
El plan fue validado por representantes de los sectores de Administración General, Justicia, Educación y Sanidad. Ahora, se elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación formal. Esta iniciativa es impulsada desde la Dirección General de Función Pública y la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia.
Este Plan General no solo establece directrices generales, sino que también servirá como base para el desarrollo de Planes Sectoriales específicos en las áreas mencionadas. La creación del plan refleja el compromiso del Gobierno de Canarias con la prevención de riesgos laborales, alineándose con sus responsabilidades legales y administrativas.
La prevención se erige como un objetivo esencial para el Ejecutivo canario, ya que es fundamental para asegurar la calidad en la prestación de servicios públicos a los ciudadanos. Además, es clave para mejorar tanto la eficacia como la eficiencia del funcionamiento administrativo.
El propósito principal del Plan es eliminar, reducir o minimizar los riesgos laborales a los que están expuestos los empleados públicos. Se busca consolidar una cultura preventiva robusta que garantice el cumplimiento efectivo de las normativas vigentes en materia de prevención.