Fernando Clavijo, presidente de Canarias, ha solicitado una rápida implementación de la “ley en vigor” que establece un sistema nacional para la distribución de menores migrantes no acompañados. Ha instado al Estado y a las demás comunidades autónomas a que “cumplan y hagan cumplir” el nuevo marco legislativo, con el objetivo de poner fin lo antes posible al hacinamiento que padecen actualmente los 5.037 menores que se encuentran en los 85 dispositivos operativos del archipiélago.
“Con la estructura legal ya finalizada, no existen más justificaciones para que la ley no se cumpla, para que no se haga cumplir la ley y para que no se aborde este serio problema de hacinamiento que actualmente afecta a Canarias, pero que en el futuro podría afectar a Baleares o, incluso, a Andalucía”, afirmó el presidente del Gobierno regional.
Veinticuatro horas tras la aprobación del real decreto en el Consejo de Ministros, Fernando Clavijo comunicó que la solicitud formal para la declaración de contingencia migratoria extraordinaria ya ha sido presentada por Canarias al Estado, debido a que se ha triplicado el número de 747 menores que le corresponde acoger al archipiélago.
Una vez que se ha llevado a cabo este procedimiento, el jefe del Gobierno autonómico solicita al Estado que actúe con rapidez en los trámites necesarios para implementar el sistema de distribución de los menores migrantes. Asimismo, recordó que todos los menores migrantes que arriben a las costas canarias sin familiares deberán ser asignados a una comunidad autónoma en un plazo máximo de 15 días, lo que resultará en que los centros del archipiélago dejarán de recibir nuevos niños y niñas.
El decreto, por su parte, establece un año como plazo para la salida de más de 3.000 menores migrantes de Canarias, superando así la capacidad de acogida. “Esperamos que se cumplan estos plazos para no tener que acudir otra vez a los tribunales”, señaló el presidente, quien además anunció que el Gobierno autonómico aumentará sus servicios con 26 nuevos trabajadores para gestionar adecuadamente la documentación necesaria y cumplir con todos los procedimientos en tiempo y forma.
Clavijo expresó su confianza en la capacidad del país para recibir a los menores migrantes. Destacó que la migración es un fenómeno estructural “que hay que aprender a gestionar y gestionarlo con dignidad, y no utilizarlo como una herramienta política xenófoba, racista y que en muchas ocasiones tiene que ver con el color de la piel”. Además, señaló: “Hemos gestionado la llegada de miles de ucranianos y sin embargo no ha habido esta contestación por parte del populismo xenófobo que está jugando con el dolor de estos niños de manera mezquina simplemente por arañar un puñado de votos".
Integración total.
Respecto a la resistencia de algunas comunidades para recibir a menores migrantes, el presidente canario solicita a los líderes de estas regiones que “piensen que estamos hablando de niños y de niñas”. Además, expresa su deseo de que “cumplan la ley y que la cumplan de manera que la integración de estos niños y niñas sea plena”. Para enfatizar su punto, añadió que “en un país de 50 millones de habitantes no puede ser un problema distribuir 4.000 menores”, advirtiendo que “el que quiera que se genere ese debate está haciéndole un flaco favor a la democracia y a los derechos de la infancia”.
La solidez jurídica del sistema de distribución de menores migrantes actualmente en funcionamiento fue defendida por el jefe del Gobierno canario. En sus declaraciones, recordó que “el Tribunal Supremo ha hablado en tres autos muy claramente de la situación de hacinamiento de los menores migrantes no acompañados en Canarias”. Además, destacó que el Tribunal Constitucional ha determinado que “se trata de una competencia concurrente donde las comunidades autónomas tenemos nuestras obligaciones, pero también el Estado tiene la obligación de garantizar la solidaridad y, sobre todo, de proteger el interés superior del menor”.
Tras una reunión con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y otros representantes del sindicato, Fernando Clavijo hizo estas declaraciones. El presidente expresó su agradecimiento a UGT y a toda la sociedad canaria por el apoyo en la "lucha" por los menores, un logro que se ha conseguido después de dos años de negociaciones. Atribuyó este éxito al hecho de que el archipiélago ha defendido los derechos de estos niños y niñas con una sola voz.
El líder del sindicato también elogió las acciones llevadas a cabo por el Gobierno de Canarias en el ámbito migratorio, al tiempo que hizo un llamado a las demás comunidades autónomas para que actúen con solidaridad y humanidad en el respeto de los derechos de la infancia.
Petición formal.
La presidenta de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia ha recibido oficialmente, por parte del Gobierno de Canarias, la solicitud para declarar una contingencia migratoria extraordinaria en el archipiélago, ya que se ha superado ampliamente el triple de su capacidad habitual. Esta petición está sobre la mesa de la ministra de Juventud e Infancia justo un día después de que el Consejo de Ministros aprobara el real decreto que finaliza el proceso legislativo necesario para iniciar la distribución de menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas.
El Real Decreto 743/2025, que ya está en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles, determina la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela para menores extranjeros no acompañados en las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía. En el caso de Canarias, se establece que dicha capacidad ordinaria es para la acogida de 737 niños y niñas.
Canarias, en la actualidad, se encarga de 5.037 menores migrantes no acompañados, superando ampliamente el requisito que establece el real decreto para que una comunidad autónoma pueda solicitar la declaración de contingencia migratoria extraordinaria. Este requisito consiste en sobrepasar tres veces su capacidad ordinaria, que en el caso del archipiélago equivale a 2.211 niños y niñas al multiplicar por tres los 737.
Tres decretos resultantes de una prolongada lucha.
La declaración de contingencia migratoria extraordinaria solicitada por Canarias es el resultado de un año y medio de esfuerzo y lucha política del Gobierno de Fernando Clavijo, quien busca modificar la Ley de Extranjería para asegurar que la distribución de los menores migrantes no acompañados se realice entre todas las comunidades autónomas.
Luego de que se declarara la emergencia migratoria el 1 de agosto y se asumiera la tutela de cerca de 6.000 menores migrantes, el Ejecutivo inició conversaciones con el Estado con el objetivo de lograr un cambio legislativo. Esta medida busca reducir la presión y el hacinamiento que ha afectado al sistema de acogida en las islas durante más de un año y medio.
Como resultado del esfuerzo liderado por el presidente Fernando Clavijo, el Consejo de Ministros dio luz verde el 18 de marzo a un primer real decreto. Este decreto incorporó una nueva disposición adicional undécima en la Ley de Extranjería de 2020, con el objetivo de implementar un sistema obligatorio para la distribución de la infancia migratoria. Por primera vez en la historia, esta disposición reguló la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela para menores extranjeros no acompañados, además de establecer criterios técnicos para su distribución entre las distintas comunidades autónomas.
El 22 de julio pasado, el Consejo de Ministros aprobó un segundo real decreto que definía el procedimiento para declarar una situación de contingencia migratoria extraordinaria. Las resoluciones correspondientes serían emitidas por la ministra del área, quien ocupa el cargo de titular de la Presidencia de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.
El real decreto, que fue aprobado el martes y comenzó a aplicarse el miércoles, establece la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela para las personas menores de edad extranjeras no acompañadas en las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía. Esto se realiza conforme a lo dispuesto en la disposición adicional undécima de la Ley Orgánica 4/2000, del 11 de enero, que regula los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.