El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de España ha anunciado un cambio normativo para combatir las llamadas spam. Se propone una enmienda a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela que obligará a las empresas a identificar sus llamadas comerciales con un código numérico y permitirá a las compañías telefónicas bloquear aquellas que no lo utilicen. Además, se declararán nulos los contratos cerrados en llamadas no consentidas y se exigirá renovar el consentimiento cada dos años para recibir estas comunicaciones. Estas medidas buscan proteger los derechos de los consumidores ante el creciente número de quejas sobre llamadas no deseadas.
El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha presentado una enmienda a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que obligará a las empresas a identificar sus llamadas comerciales mediante un código numérico. Esta medida busca que las compañías telefónicas bloqueen las comunicaciones comerciales no consentidas, comúnmente conocidas como llamadas spam.
En una reciente rueda de prensa, el ministro Pablo Bustinduy anunció que esta enmienda, registrada en el Congreso tras un acuerdo entre los grupos parlamentarios de Sumar y PSOE, establece que todas las empresas deberán utilizar un prefijo específico para las llamadas comerciales. Además, se exigirá un código distinto para las llamadas de atención al cliente. Los operadores de telecomunicaciones estarán obligados a bloquear cualquier llamada comercial que no utilice estos códigos.
Bustinduy también destacó que el Gobierno podrá adaptar el Plan Nacional de Numeración para facilitar la implementación técnica del nuevo sistema. Por otra parte, se ha propuesto otra enmienda que declara nulos los contratos realizados durante llamadas no consentidas. Esta iniciativa busca disuadir a las empresas de realizar este tipo de comunicaciones, ya que los contratos obtenidos bajo estas circunstancias serán considerados inválidos.
El aumento en el número de quejas por parte de los consumidores ha llevado al Ministerio a actuar. Muchos ciudadanos han expresado sentirse presionados o confundidos por estas llamadas. La nueva normativa tiene como objetivo proteger el derecho del consumidor a decidir con libertad y contar con información suficiente antes de aceptar cualquier oferta.
Además de las enmiendas mencionadas, Bustinduy anunció otras propuestas registradas en el Congreso:
Pablo Bustinduy concluyó enfatizando que estas medidas reflejan la intención del Ministerio por fortalecer la protección de los derechos del consumidor en un entorno económico y digital cada vez más complejo, promoviendo una regulación clara y equitativa.