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*Reveses judiciales reiterados en la concesión de licencias y proyectos urbanísticos; conflictos de interés con empresas contratistas; inactividad administrativa selectiva en determinados expedientes urbanísticos; concentración de cargos y posiciones de influencia en el entorno familiar y político del alcalde; y un clima persistente de presión policial, administrativa y judicial sobre activistas, asociaciones y ciudadanos críticos (SLAPP).