Ese es, en síntesis, el contenido del escrito que será remitido este Lunes 6 julio, a la Comisión Federal de Ética y Garantías y a la Dirección Federal del PSOE, solicitando la apertura de una evaluación ética y política sobre la continuidad de José Miguel Rodríguez Fraga al frente del Ayuntamiento de Adeje, tras casi cuarenta años en el cargo.
Los colectivos firmantes consideran que los hechos expuestos no responden a incidentes aislados ni a controversias puntuales, se trata de un patrón sostenido de ejercicio del poder caracterizado por reiteradas correcciones judiciales a la actuación municipal, conflictos administrativos de extraordinaria gravedad, denuncias ciudadanas persistentes y una creciente percepción de arbitrariedad, clientelismo y ausencia de controles efectivos dentro de la institución.
Entre los firmantes se encuentran colectivos denunciantes del macroproyecto Cuna del Alma, vecinos directamente afectados por dicho proyecto que están siendo directamente atacados por oponerse al mismo, la Asociación de Taxistas Asalariados Costa Adeje (ATACA), que lleva años denunciando irregularidades en el sector y han sido ampliamente represaliados, la plataforma Justicia para Patrick, impulsada por la familia del menor fallecido en un atropello en Adeje que reclama el esclarecimiento de los hechos, y que también están sufriendo SLAPP por reclamar justicia, así como activistas sociales y medioambientales acostumbrados a represalias por su labor de denuncia.
En la denuncia se sostiene que la coincidencia de tantos conflictos en ámbitos tan diversos como el urbanismo, la contratación pública, la concesión de licencias, la gestión del taxi, la protección del patrimonio natural o el tratamiento dispensado a quienes denuncian presuntas irregularidades no puede seguir interpretándose como una simple sucesión de hechos inconexos, hay un evidente patrón reiterado de mala praxis política que exige una valoración rigurosa por parte de la dirección federal del partido al que pertenece el alcalde.
Los firmantes manifiestan disponer de abundante documentación, resoluciones judiciales, informes, registros públicos y testimonios directos de personas afectadas que permiten ampliar y acreditar los hechos expuestos, quedando a disposición de los órganos competentes del PSOE para facilitar cuanta información adicional estimen necesaria.
Consideran que la gravedad y acumulación de los hechos descritos exige una respuesta política clara y recuerdan que deben ser las propias organizaciones democráticas las primeras interesadas en esclarecer cualquier situación que pueda comprometer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la ejemplaridad de quienes las dirigen.
Por ello, esperan que esta iniciativa permita abrir una reflexión seria sobre lo que sucede en Adeje y que sea el propio PSOE quien impulse las medidas que considere oportunas, evitando que ciudadanos, colectivos sociales y personas directamente afectadas se vean obligados a seguir buscando amparo en otras instancias administrativas, judiciales o europeas para obtener las respuestas que hasta ahora no han encontrado.
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