ley de vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado su estancia en Palma con motivo del tradicional despacho de verano con el Rey Felipe VI para lanzar una advertencia. Durante su comparecencia ante los medios, ha afirmado que que los gobiernos autonómicos que no cumplan con la ley sobre el reparto de menores migrantes "tendrán que atenerse a las consecuencia".

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado el índice de referencia para la actualización anual de los contratos de alquiler, que se situó en el 2,19 por ciento interanual en enero de este año, frente al 2,28 por ciento del mes anterior.

La nueva Ley de Vivienda en España limita las subidas de alquileres y presenta una calculadora en línea para que los inquilinos puedan calcular el incremento máximo permitido. Esta herramienta es esencial para proteger sus derechos y fomentar la transparencia en el mercado del alquiler.

Valido critica la Ley de Vivienda vigente por aumentar precios y reducir la oferta de alquiler. También pidió medidas para proteger a los canarios frente a compradores extranjeros y reformas en la burocracia habitacional.

Las comunidades autónomas del PP, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han reafirmado su decisión de no declarar en sus territorios zonas tensionadas para intervenir los precios del alquiler y han señalado que no tolerarán la "amenaza" y el "chantaje" del Gobierno de retirarles fondos.

Buscando la colaboración entre Gobierno y comunidades autónomas para abordar el acceso a viviendas asequibles, especialmente para jóvenes y familias vulnerables

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha lanzado una amenaza en toda regla a las comunidades autónomas reacias a aplicar la Ley de Vivienda en aquello que no están obligadas, como a declarar zonas tensionadas para limitar el precio del alquiler. Las que no cumplan con la Ley de Vivienda, como hacen todas las gobernadas por el PP, no recibirán financiación estatal para sus políticas de vivienda.

Este domingo se cumple el primer aniversario de la entrada en vigor de la Ley por el derecho a la Vivienda, una norma que no ha estado exenta de críticas y que su medida estrella, el control de precios del alquiler, solo se aplica de momento en 140 municipios catalanes declarados tensionados

La proliferación de alquileres turísticos, de temporada o de habitaciones para burlar la Ley de Vivienda, muchos fraudulentos, ha contraído el parque tradicional de vivienda residencial y acentuado la presión sobre los precios, obligando a las administraciones a reflexionar sobre cómo regularlos

Tras las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en las que han señalado que el Ejecutivo quiere poner en marcha una ley para regular las viviendas vacacionales, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) manifiesta que se trata de una medida urgente y prioritaria para regular un escenario cada vez más preocupante

La vivienda en alquiler cerró 2023 en máximos, con un precio que rondó los 12 euros/m2 en el conjunto del país

Las inmobiliarias han anunciado que las medidas puestas en marcha este año por el Gobierno, enfocadas a limitar el precio del alquiler, han reducido la oferta y "estrangulado" la demanda

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido recientemente una reunión con los consejeros de Vivienda en las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, en la que han concluido que el Gobierno de Pedro Sánchez ha agravado los problemas de la vivienda en España con la aprobación de la Ley de Vivienda "que solo crea más inseguridad jurídica al intervenir el mercado de alquiler"

A pocas semanas para que acabe 2023, el sector inmobiliario se prepara para cerrar un ejercicio que ha estado marcado por las subidas de los tipos de interés y el encarecimiento de la financiación, que han frenado compraventas e hipotecas pero no así los precios ante la falta de oferta existente

Los socialistas señalan que la Ley de Vivienda no pone en peligro el derecho de propiedad ni presenta problemas de orden constitucional