A escasos cuatro meses de elecciones autonómicas, municipales, europeas y puede que generales, los partidos están tomando posiciones.
Los programas electorales son acciones que deberían implantarse tras la toma de posesión del cargo, aunque no siempre es así.
Todo plan o programa requiere de acciones a implantar con la asignación de tiempo y responsable. Ahí entran los gestores en segunda línea que, mediante cargos de confianza, son nombrados para ejecutar las acciones que responden a promesas electorales. Gerentes, Coordinadores, Directores Generales, etc.
En política el horizonte temporal es conocido: Dos años. Sí, dos. Digo dos porque, entre que se deciden nombres, se conforma un equipo de gestión, se toma posesión del cargo, se aterriza, se conoce el equipo y sus disputas históricas, se paran lo proyectos de los anteriores y se baja la guardia en la recta final de legislatura, quedan dos años netos de toma de decisiones para arrancar nuevos proyectos. Los meses finales impera aquello de “este tema que lo decida el que venga”. Eso, si se encuentra algo de presupuesto disponible.
Habrán notado cierta ironía en el cómputo del plazo anterior pero la reflexión de hoy tiene una elevada dosis de crítica sobre cómo está montada la estructura de la gestión pública en cargos de confianza.
Sobre todo de eso mismo quiero hablar, de cargos de confianza para la ejecución de proyectos.
Me consta que ya se están haciendo importantes movimientos para captar talento en la segunda línea. El éxito de un equipo de gobierno pasa tener un equipo que ejecute las promesas electorales en tiempo, forma y en presupuesto.
La conformación del equipo no es fácil. No ayuda la particular idiosincrasia que impera en muchos de los políticos actuales.
Mientras los políticos de primera línea no tengan claro que los técnicos que saben del tema y que, en muchas ocasiones ya están dentro, no deben mostrar su afiliación política sino su profesionalidad y mientras tengan peajes que pagar para conformarlo, no se estará eligiendo a los mejores.
Otro tema que no ayuda es la erosión continuada en los alicientes para dejarlo todo y meterse en un proyecto político y, por tanto, efímero. Las férreas incompatibilidades de todo cargo público obligan a dejar de lado los proyectos personales y empresariales que cada uno esté llevando a cabo.
Y, ¿para qué? Para que, pasados cuatro años y, por muy bien que se ejecute la gestión, si hay cambio de color político haya que abandonarlo todo y haya que recuperar la carrera privada, probablemente, a esas alturas, ya irrecuperable.
Por no hablar de la responsabilidad que conlleva cada firma. Aunque venga respaldada por técnicos expertos. O por no hablar del escrutinio de la vida privada a la que te someten. Todo ello, en una espiral de bajada continuada de remuneración que buscan un titular de prensa pero restan atractivo al cargo. Algunos nuevos candidatos ya han dicho que no quieren cobrar un sueldo. Me parece un error. Se debería emplear el salario como medida de reclamo. Más se deberían subir algunos salarios. Solo así se podría competir con la empresa privada. Con sueldos bajos no se atrae el talento.
Mucho deben esmerarse los políticos en la configuración de su equipo para la próxima legislatura pero no lo tienen fácil. Cada vez hay menos alicientes. A este paso solo podrán contar con funcionarios que pidan una comisión de servicio y al finalizar encuentre que su plaza les espera.
Y ya se sabe, para hacer política (de la buena, quiero decir, de la eficiente) hay que conocer la calle, la empresa, las asociaciones, los esfuerzos que conlleva montar un negocio, el pellizco que se lleva la seguridad social por contratar un empleado, la tecnología más puntera del mercado, letc. Una cosa es que te lo cuenten y otra haberlas vivido. Y eso no se encuentra entre los funcionarios.
Con los condicionantes actuales, pocos verán tentados de dejar el ámbito privado o su proyecto personal para irse al público y todos nos resentiremos.