La portavoz de Sí se puede en Canarias, Vanesa Martín, ha calificado de preocupantes las recientes declaraciones del portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, tras la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) del impuesto turístico a las pernoctaciones aprobado por el Ayuntamiento de Mogán. Para Martín, la reacción del Ejecutivo confirma su falta de voluntad política para implantar una ecotasa en una actividad económica que mueve alrededor de 20.000 millones de euros anuales.
Cabello ha reiterado que el pacto de gobierno entre Coalición Canaria y Partido Popular no contempla la creación de una tasa turística y ha defendido que la compensación por el impacto del turismo debe realizarse a través del IGIC. Según ha argumentado, un impuesto sobre las pernoctaciones podría generar desequilibrios entre las islas con mayor afluencia turística y aquellas cuya economía depende en menor medida del sector.
Desde Sí se puede consideran que tanto la celebración del Gobierno autonómico como la de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) por la anulación de la ordenanza de Mogán evidencian la resistencia a que el sector turístico contribuya de manera específica a compensar los impactos que genera sobre el territorio.
"Se nos dice que el turismo ya aporta una parte importante de la recaudación del IGIC, pero la realidad es que seguimos encabezando los índices de pobreza y exclusión social, mientras continúan agravándose problemas ambientales como los vertidos, la presión sobre el agua, la gestión de los residuos o la congestión del tráfico", afirma Martín. "Si un sector que genera más de 20.000 millones de euros al año contribuyera de forma más justa, dispondríamos de mayores recursos para mejorar los servicios públicos y proteger nuestro territorio".
La portavoz recuerda que en marzo de 2023 el Parlamento de Canarias aprobó una proposición no de ley, defendida por el exdiputado y su compañero, Paco Déniz, para definir las zonas turísticas saturadas del Archipiélago y establecer mecanismos que permitieran regular su impacto sobre la población y el territorio. En otras comunidades autónomas, la delimitación de estas áreas ha servido para limitar la creación de nuevas plazas alojativas y ordenar el crecimiento turístico.
Martín lamenta que aquella iniciativa quedara paralizada tras la pasada legislatura y señala que la ausencia de representación parlamentaria de Sí se puede, consecuencia del actual sistema electoral y de la fragmentación del voto progresista, ha impedido dar continuidad a ese trabajo.
Asimismo, reclama la elaboración de estudios rigurosos sobre la carga real que soporta el territorio en aspectos como el consumo de agua, el tratamiento de aguas residuales, la gestión de residuos, las emisiones contaminantes o el incremento del tráfico rodado. "Sin datos objetivos resulta más difícil diseñar una ecotasa eficaz y justa que permita compensar los costes que el turismo genera para la sociedad canaria", sostiene.
La portavoz también denuncia que la legislación autonómica contempla la posibilidad de declarar zonas turísticas saturadas, pero carece de los procedimientos necesarios para hacerlo efectivo. "No podemos esperar entre diez y quince años a la aprobación de un nuevo plan de ordenación cuando existen problemas que requieren respuestas inmediatas. Cabildos y ayuntamientos deben disponer de herramientas para actuar cuando la presión turística supera la capacidad del territorio", defiende.
Como ejemplo, Martín señala el caso de Baleares, donde el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos de Mallorca (PIAT) regula este tipo de zonas en función de indicadores objetivos relacionados con la saturación de la oferta y los impactos ambientales.
Para concluir, Sí se puede reclama un cambio de rumbo en la política turística del Gobierno de Canarias. "No tiene sentido que la ciudadanía, especialmente quienes cuentan con menos recursos, siga financiando mediante sus impuestos campañas de promoción turística, presencia en ferias internacionales o planes de renovación de instalaciones privadas, mientras se rechaza cualquier mecanismo que permita redistribuir parte de la riqueza generada por el sector. Mantener esta estrategia supone perpetuar un modelo que incrementa la presión sobre el territorio sin garantizar un retorno suficiente para la sociedad canaria", concluye Vanesa Martín.
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