En una intervención en Palma de Mallorca, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Ezcurra, ha anunciado la intención de su partido de registrar una reforma de la Ley Orgánica de Extranjería. Esta modificación tiene como objetivo proporcionar un marco legal que permita a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado rechazar en frontera a inmigrantes irregulares que lleguen por vía marítima. Según Ezcurra, esta medida se implementará “con toda la legalidad y con todas las garantías”, especialmente tras una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el rechazo en frontera en Ceuta y Melilla.
La sentencia del TS validó el rechazo en frontera cuando este se produce en un “elemento físico de contención”, como es la valla. Sin embargo, Ezcurra destacó que actualmente la presión migratoria en Ceuta y Melilla se está manifestando principalmente a través del mar. La propuesta cuenta con el respaldo de la Abogacía del Estado, y se espera que reciba apoyo por parte de todos los grupos políticos representados en las Cámaras.
Incremento de la inmigración irregular
Ezcurra también hizo hincapié en el alarmante aumento de la inmigración irregular en Baleares, donde el año pasado 7.500 personas ingresaron al territorio de manera ilegal, comparado con solo 700 en 2018. Esto representa un incremento significativo: “La mayor parte de las rutas de inmigración irregular en Europa están disminuyendo, pero la ruta balear, la denominada ruta argelina, está aumentando”, subrayó.
Además, manifestó que “cualquier país que se quiera tomar en serio a sí mismo tiene que proteger sus fronteras”. En este sentido, criticó al presidente del Gobierno por optar por ir a Francia a disculparse y generar controversias diplomáticas, en lugar de colaborar con naciones que podrían ayudar a gestionar mejor los problemas relacionados con la inmigración irregular.
Condiciones laborales y gestión pública
La vicesecretaria denunció lo que ella considera un “repliegue del Estado” en Baleares, señalando que las condiciones para trabajar allí son cada vez más complicadas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros empleados públicos. Cuestionó: “Si no protegemos a las personas que nos protegen, ¿qué estamos haciendo con nosotros mismos?”
Asimismo, advirtió sobre los efectos negativos que genera la inmigración irregular: “Cuando lo arrasa todo, hay problemas de seguridad, vivienda y servicios públicos”. A su juicio, la gestión pública actual está “muy mal organizada”. También mencionó el desbordamiento provocado por la regularización masiva aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez; mientras se esperaban alrededor de 10.000 regularizaciones, ahora se prevén hasta 33.000.
Voluntad política frente al desafío migratorio
Finalmente, Ezcurra concluyó que el problema no es únicamente económico —aunque este aspecto sea importante— sino que reside en una cuestión de voluntad política. El Partido Popular afirma tener “una voluntad clara de afrontar el problema de la inmigración irregular”, alineándose con las acciones ya emprendidas a nivel europeo y considerando específicamente las particularidades que enfrenta Baleares debido a las llegadas marítimas.
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