Me había prometido -por esas cuestiones del karma- desear cosas buenas a mis semejantes, a todos, pero pronto caí en la cuenta de que me había excedido en los propósitos.
Recuerdo el momento exacto: al recibir una carta en la que una doctora explicaba a sus pacientes las razones que los habían empujado a suspender las huelgas y movilizaciones durante el verano, a pesar de que eso pudiera interpretarse como que los problemas de los médicos no eran tan graves y podrían aparcarse hasta septiembre.
La carta aclaraba luego que nada estaba más alejado de la realidad. Conforme iba leyendo, los motivos me encendían la rabia y la impotencia, y constaté que los buenos deseos parecían espantarse.
Las buenas intenciones, definitivamente, mutaron en pensamientos aviesos cuando me propusieron ejercitar, también por carta, una propuesta ciudadana que podría poner en aprietos a la ministra de Sanidad.
Se trataba de presentar alegaciones al anteproyecto de ley del Estatuto Marco del Personal de los Servicios de Salud.
Conforme las iba leyendo, las enmiendas a la totalidad de ese engendro no solo me parecían necesarias, sino que deseé que fueran miles los españoles que hicieran lo mismo, para “petarle” las entendederas al ministerio.
Y fue en ese momento cuando tuve la convicción de que el karma me estaba devolviendo malas ondas.
Me centré en el texto de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), perfectamente redactado a lo largo de varios folios, que justificaba sus razones para no proponer reformas parciales a un anteproyecto legal tan conflictivo, sino para exigir la retirada completa y la elaboración de un Estatuto Propio de la Profesión Médica.
El argumento era sólido: el modelo vigente desde 2003 había demostrado, hasta la saciedad, ser inadecuado para regular el ejercicio de la medicina.
La ministra -que traiciona a sus pares sin aparente conciencia de ello- no parece haber comprendido que la ley de aquel año diluyó la voz médica en la negociación colectiva, y que eso generó un deterioro terrible en las condiciones laborales, en la pérdida del poder adquisitivo y en la fuga de profesionales al extranjero.
No se enteró de que el sistema de clasificación profesional no tienen en cuenta que la especialización médica -seis años de carrera más cuatro o cinco de MIR con oposición nacional- es un requisito legal, no un mérito opcional.
No se enteró de que las guardias no deberían ser obligatorias ni tratarse como categoría aparte; de que la nocturnidad tiene impacto real sobre la salud , que no pagan ni lo compensan como ocurre con otros trabajadores.
No se enteró de que esas jornadas extenuantes no computan a la hora de la jubilación, de que existe una brecha salarial, de que los médicos carecen de representatividad real en las negociaciones colectivas, y de que la enorme disparidad entre comunidades autónomas. en materia de carrera profesional, hace que lo reconocido en un territorio no valga nada cruzando una frontera administrativa.
No se enteró, en fin, de que debe reconocerse el período de formación MIR, porque los residentes realizan un trabajo asistencial real. que el sistema aprovecha sin nombrarlo del todo.
Once o doce páginas después -más o menos, según el tamaño de letra- y tras un largo recorrido por fundamentos, marco histórico, marco europeo, marco jurídico, sostenibilidad del sistema nacional de salud y conclusiones, la ministra, si llegó hasta ese punto, por fin se va a enterar lo que exigen los médicos: la retirada del anteproyecto, una negociación específica con la profesión médica, la elaboración de un Estatuto Propio, con jornada de 35 horas, guardias voluntarias y retribuidas, así como la compensación por la nocturnidad.
Ojalá le lleguen miles de alegaciones, para ver si con tantas letras le entra alguna a su conciencia y comprende de una vez que los médicos no reclaman privilegios, ni derechos especiales, ni ventajas que no se justifiquen.
Que entienda que lo piden es representatividad y una regulación adaptada a su profesión; que comprenda -pertenece al colectivo y debería saberlo- las singularidades de una profesión que exige una formación universitaria prolongada, con responsabilidad directa sobre la vida y la salud de los pacientes, con responsabilidad civil, penal, administrativa y deontológica, y que asume decisiones irreversibles.
Que entienda que si esas singularidades han servido para justificar mayores obligaciones, deberían justificar también una regulación propia.
Por esos motivos, y con el karma de rebote, puse por primera vez en mi vida firma y DNI para impugnar un proyecto de ley chungo.
Y también -y en esto reconozco que no tengo indulgencia- que los reclamos le salgan por las orejas a la señora ministra.
No debería uno prometer en vano.
Si (
No(
