En el auto, el magistrado establece la obligación de acudir personalmente a los juzgados, acompañados de sus respectivos abogados, y advierte de que, en caso de incomparecencia, podrían ser trasladados por la fuerza pública. Peinado justifica esta medida por un supuesto “riesgo de eludir la acción de la justicia”, atendiendo a la gravedad de las penas que podrían derivarse de los delitos investigados.
Esta comparecencia constituye un paso procesal previo a la apertura de juicio oral en procedimientos con jurado popular. Tras esta fase, la causa quedaría pendiente de la decisión de la Audiencia Provincial, que aún debe pronunciarse sobre los recursos presentados para archivar la investigación.
La decisión llega después de conocerse el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que concluye que la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense, codirigida por Gómez, se creó conforme a la normativa vigente. No obstante, el informe sí señala posibles irregularidades relacionadas con el desarrollo y gestión del software vinculado al proyecto.
Además de los investigados, el juez ha convocado a la Fiscalía, a las acusaciones populares personadas y a la Universidad Complutense de Madrid como acusación particular, al considerarse perjudicada por el presunto delito de apropiación indebida.
La resolución judicial ha generado reacciones políticas. Desde Moncloa destacan el carácter exculpatorio del informe de la UCO y mantienen que la investigación acabará demostrando la inocencia de Begoña Gómez. Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, criticó la medida a través de redes sociales y aseguró que, durante sus dos décadas como abogado, nunca había visto exigir la presencia obligatoria de un investigado en una diligencia de carácter meramente procesal.
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