El Pleno del Congreso de los Diputados ha tomado una decisión significativa al rechazar la propuesta del Gobierno para la regularización masiva de inmigrantes. La iniciativa, impulsada por el Grupo Parlamentario Popular (PP), ha recibido el apoyo mayoritario del Pleno, que ha aprobado una moción instando al Ejecutivo a desistir de esta regularización extraordinaria. Según los miembros del PP, esta medida carece de requisitos adecuados y contraviene los principios establecidos por la Unión Europea, así como los objetivos delineados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
La moción también incluye un segundo punto que exige al Gobierno implementar efectivamente las órdenes de retorno y revisar los acuerdos migratorios con terceros países. Además, se solicita garantizar la expulsión de aquellos extranjeros que hayan cometido delitos graves o que sean reincidentes.
Apoyo Político y Números en Debate
Con el respaldo de Vox, Junts y UPN, el PP ha logrado avanzar su moción, que critica el proyecto normativo del Gobierno. Este último sostiene que su propuesta podría beneficiar a unas 500.000 personas; sin embargo, las estimaciones independientes apuntan a cifras mucho más elevadas, sugiriendo que podría alcanzar entre 1 millón y 1,2 millones si se incluyen las reagrupaciones familiares.
En otro ámbito, el PP también ha promovido una Proposición no de Ley en defensa de los cristianos perseguidos en todo el mundo. Esta iniciativa busca establecer la libertad religiosa como un derecho fundamental y no como un privilegio exclusivo para ciertos creyentes, alineándose con lo estipulado en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Compromisos Internacionales y Protección Religiosa
Aprobada con votos favorables de Vox y UPN, la propuesta del PP aboga por que el Gobierno impulse resoluciones firmes en organismos internacionales como la UE, el Consejo de Europa y la ONU. Estas resoluciones deberían condenar las masacres contra minorías cristianas y reconocerlas como violaciones graves de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.
Asimismo, se plantea la creación de mecanismos internacionales destinados a investigar estos crímenes y juzgar a sus responsables. La iniciativa también incluye campañas de sensibilización en España y Europa para promover el respeto y la tolerancia religiosa.
Finalmente, se exige que la protección de estas minorías religiosas sea un requisito en los acuerdos internacionales entre España y otros países. También se solicita desarrollar medidas específicas para proteger a comunidades religiosas en riesgo, especialmente aquellas ubicadas en zonas afectadas por violencia o extremismo, con el objetivo de prevenir desplazamientos forzosos y permitirles permanecer en sus territorios originarios.
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