El pasado 13 de diciembre de 2025 entró en vigor la Ley 6/2025 de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas en Canarias. Tratándose de una norma de rango de ley, los particulares (ASCAV incluido) no están legitimados para interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional; solo una serie de sujetos están habilitados por ley para ello (el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores o los Presidentes de las Asambleas Legislativas).
Como ya denunciase ASCAV en su momento, el Gobierno de Canarias ha regulado las viviendas vacacionales en Canarias por una norma de rango de ley (y no por un reglamento como hiciese en el año 2015), precisamente para evitar que la norma fuera impugnada ante los tribunales de justicia (por mucho que por parte de la Consejería de Turismo se haya sostenido que el fundamento es por razón de la materia tratada -un eufemismo para justificar la opción legal tomada-). Por ello, y dado que ASCAV no puede interponer directamente el recurso de inconstitucionalidad, ha presentado denuncia formal ante el Defensor del Pueblo con sede en Madrid instándole a la presentación del citado recurso.
Según la denuncia presentada, a juicio de ASCAV la nueva ley canaria vulnera frontalmente la Constitución española en cuestiones esenciales como: invasión de competencia exclusiva del Estado en materia de planificación económica; invasión de competencias de los Ayuntamientos en materia de urbanismo; vulneración de legislación administrativa estatal básica; vulneración del derecho a la propiedad privada, etc.
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ASCAV espera que el Defensor del Pueblo tome en consideración la denuncia interpuesta y presente el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 6/2025, de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda a fin de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la una eventual vulneración de nuestra Carta Magna.
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No(
