Un decreto del Gobierno de España será el mecanismo que permita regularizar a más de 500.000 migrantes sin papeles que ya viven en el país. Una vez más, Pedro Sánchez ha sacado un conejo de su chistera, sorprendiendo a todo mundo con una decisión audaz, que le sitúa en la dirección contraria a las políticas migratorias impulsadas en los países más desarrollados. Frente al rigor en el control de fronteras y la expulsión de los “sin papeles” como mejor medicina para evitar el “efecto llamada” practicado en países como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Alemania, Austria, República Checa, Eslovenia, Hungría, Dinamarca o Noruega, solo por citar algunos ejemplos de lo que hoy es una tendencia generalizada,
España se posiciona como un país de acogida, más tolerante, abierto y solidario. La legalización por decreto de estos más de 500.000 ciudadanos que de hecho ya estaban en territorio español, impulsada ahora por Sánchez, lo sitúa en el lado opuesto al de las durísimas políticas de persecución y expulsión de migrantes que lleva a cabo Donald Trump. Indudablemente, este intrépido y atrevido movimiento de Sánchez en política migratoria lo refuerza muchísimo respecto a los partidos de izquierda que le vienen apoyando desde que accedió a la Presidencia, a través de la moción de censura a Mariano Rajoy, en junio de 2018. La aproximación a Podemos, a través de la política migratoria, es una buena prueba de que no hay casualidades.
Según diversas fuentes, entre treinta y cuarenta mil migrantes podrán legalizar su situación en las Islas, a través de lo que disponga el decreto del Gobierno de España. Y esto quiere decir que más de treinta mil personas están viviendo en el Archipiélago en situación irregular. Sorprende el escaso control en los puertos y aeropuertos de las Islas para que un número de personas similar a la población del Puerto de la Cruz, Agüimes o La Oliva hayan entrado en Canarias mediante un permiso turístico o similar y, una vez vencido, terminaran por quedarse aquí, en situación irregular. ¿Dónde viven? ¿Dónde trabajan? ¿Cómo acceden a los servicios públicos?…
Sin duda, estamos ante uno asunto que exige análisis, debate y propuestas de nuestros representantes en el Parlamento. Porque cabría interpretar también que más treinta mil personas viven en las Islas de la mendicidad, el mercado negro del trabajo o las ayudas públicas. En los sistemas basados en el sector servicios, es más fácil que surjan episodios relacionados con la economía sumergida. Es el caso, sin duda, de nuestro Archipiélago, por el tipo de actividades especialmente vinculadas al turismo y los servicios, que proliferan y propician el funcionamiento de esa economía oculta y el mercado negro laboral. De ahí que la mejora de la inspección y un mayor control supongan un reto irrenunciable para las autoridades.
Cada día resultan más preocupante los crecimientos poblacionales que vienen produciéndose en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, mientras que en el caso de La Palma, La Gomera y El Hierro siguen sin sufrir, hasta el momento, la intensidad de la presión turística soportada por las primeras. Cada año, de forma constante, la población del Archipiélago crece alrededor de veinticinco mil habitantes. De ellos, apenas unos cuatro mil tienen que ver con su incremento vegetativo. El resto vienen de fuera, a buscar oportunidades en las Islas. Pero todo se complica más si a esta situación que año tras año viene repitiéndose en Canarias tenemos que sumar más de treinta mil nuevos habitantes provenientes de procesos de regularización de “sin papeles”.
La distorsión en este fuerte incremento poblacional no se produce con quienes llegan en cayucos y pateras. El verdadero problema estriba en las escasas medidas de control en nuestros puertos y aeropuertos. En definitiva, las fronteras del Archipiélago son un auténtico coladero.
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