La Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife (APT), a raíz de los últimos acontecimientos que han trascendido desde la Radiotelevisión Canaria (RTVC), entiende como necesaria una ley de ordenación del servicio de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma, para evitar la probable parálisis que se avecina, pero no parece el camino adecuado acometerla sin escuchar a todos y sin el consenso necesario.
En este sentido, en primer lugar, se debería tomar buena nota de las objeciones del Consejo Consultivo al proyecto del Gobierno. Por eso mismo, la APT entiende que la imagen que se trasladó a la ciudadanía en el pleno del Parlamento de la pasada semana no resulta la más adecuada, ya que debe prevalecer la existencia de órganos de control o fiscalización que funcionen y evitar concentrar el poder de decisión en la figura del Administrador Único.
La APT entiende que se debe aprovechar el trámite parlamentario de la norma para seguir buscando el consenso, que ahora parece muy lejano, aspecto que preocupa mucho en el seno de la Asociación. En todo este proceso, se debe escuchar y atender las demandas de los profesionales de la casa.
La ley, necesariamente, debe ser enmendada, ya que tal y como se ha presentado, despierta una controversia que la lastraría en el futuro. Los servicios informativos no deben salir del núcleo de lo público, alejando cualquier tentación de externalizarlos. Es deseable que la radio y la televisión públicas de Canarias sigan siendo un referente informativo serio y creíble.
Se debe ofrecer a la opinión pública programación y contenidos de calidad, así como un periodismo riguroso alejando de intereses partidistas. En otras palabras, hacer una tele y una radio para todos los canarios.
Hay que insistir en la necesidad de un consejo rector que vigile la pluralidad en los contenidos, no solo de los informativos sino de toda la programación. Y contar con los profesionales para que se siga prestando un servicio público inspirado en el respeto, la eficiencia, la pluralidad y alejado de la precarización del empleo. En definitiva, debe prevalecer la buena gestión de la Radiotelevisión Canaria (RTVC), sin comprometer el servicio público que el ente ofrece basado en la independencia de los profesionales.
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