La legislación busca mejorar la respuesta a afectados por erupciones, permitiendo reconstrucciones y asegurando compensaciones. Reconoce errores pasados y promueve la resiliencia, aunque enfrenta críticas sobre la gestión actual y expectativas generadas.
La primera ley de volcanes de España ha sido aprobada por el Pleno del Parlamento de Canarias con el consenso de todos los grupos parlamentarios. Esta iniciativa legislativa popular llegó a la Cámara regional respaldada por más de 18.000 firmas.
La nueva legislación busca aumentar la rapidez en la respuesta hacia los afectados, permitiendo que se reconstruya la vivienda destruida en la misma área de la erupción o en una ubicación cercana. Además, incorpora un efecto retroactivo que protege derechos económicos y sociales, asegurando así la compensación por el valor de los bienes perdidos y garantizando viviendas dignas para quienes hayan sufrido estas pérdidas.
Raúl Acosta (AHI), portavoz del Grupo Mixto, ha subrayado que la nueva ley "emana del pueblo". Dado que en las islas habrá erupciones "sí o sí", esta legislación se adapta a la realidad y a los posibles impactos en bienes y actividades económicas.
Se ha reconocido que la norma "es muy compleja", ya que La Palma ha evidenciado que se ha hecho "camino al andar". Además, considera que los grupos han respondido "a la altura" de lo que solicitaban los promotores de la ley. "Vamos a tener una hoja de ruta", añadió.
La ciudadanía de La Palma ha recibido el reconocimiento de Jesús Ramos (ASG) por su esfuerzo en la tramitación de la nueva ley, la cual posee "visión de futuro y seguridad jurídica". Esta legislación elimina la "maraña" de decretos leyes y facilita que las personas "continuar con su vida". Según ha indicado, "es una norma que nos va a hacer más resilientes".
La "valentía" de todos los afectados ha sido reconocida por Javier Nieto (Vox), quien también ha señalado que la nueva ley "sale al paso de los errores" cometidos por las administraciones públicas, mencionando los "viajecitos a La Palma" y los problemas de los ciudadanos que aún permanecen sin resolver.
"Las cicatrices aún no han sanado", ha enfatizado, aunque ha señalado que la ley "no es la panacea y no lo va a solucionar todo". Como ilustración de esto, mencionó la administración de los seguros, que está fuera del alcance del Parlamento.
Luis Campos, quien es el portavoz de NC-bc, ha subrayado la "iniciativa" mostrada por los afectados en La Palma al liderar la ILP, así como la aprobación de varios decretos leyes durante la legislatura anterior.
"Se hizo mucho, aunque no es cierto que no se hiciera nada. Es cierto que fue insuficiente y quizás más lento de lo que debería haber sido. Por esta razón, ha destacado la importancia de esta norma para aprender de todos los errores."
Se ha señalado que el archipiélago enfrenta una nueva erupción como una "espada de Damocles". Además, se ha enfatizado que la ley representa una "mirada hacia adelante", sin intención de solucionar los problemas del 'Tajogaite'. De manera irónica, también se ha expresado la tristeza por la ausencia de un artículo que aborde el "uso partidista" de una erupción.
La ley ha sido valorada por Raquel Díaz (PP) como una norma "para todos los canarios", destacando que evita ideologías y partidismos, justo cuando se conmemoran cuatro años desde el comienzo de la erupción del 'Tajogaite'.
"Una situación inesperada se presentó aquel día, sin un manual que la guiara, cambiando constantemente y poniendo a prueba a todos los equipos, en especial a los de emergencia. Sin embargo, se resolvió sin víctimas y se transformó en un evidente ejemplo de gestión pública y solidaridad tanto humana como institucional", ha señalado.
La gestión llevada a cabo durante la "pesadilla" de 85 días ha sido destacada por Díaz, quien ahora asume el liderazgo con una ley innovadora a nivel nacional. "Es una ley que no es de nadie y es de todos", añadió.
La "solidaridad" en La Palma ha sido recordada por Jonathan de Felipe (CC) tras el comienzo de la erupción, en un periodo en el que no existía una normativa legal que los protegiera. Por ello, ha destacado la "empatía" de quienes impulsaron la ley al "regalar" una norma a todos los canarios.
Se ha enfatizado la "responsabilidad" que tienen todos los grupos ante la "bulla" de la política tanto nacional como internacional, y se ha solicitado a "todos" que asuman la responsabilidad colectiva de contribuir a la reconstrucción de La Palma.
Alicia Vanoostende, del PSOE, ha señalado que la ley "protege" a Canarias de futuras erupciones, aunque "genera quizás demasiadas expectativas". Además, no ha pasado por alto la actual situación en La Palma, donde los agricultores y ganaderos han recibido un trato "indigno".
La diputada socialista ha expresado su incomprensión ante las críticas dirigidas al Gobierno central, dado que este tiene el "compromiso" de financiar la reconstrucción. Además, ha reprochado al Gobierno de Canarias y al Cabildo de La Palma por no haber adelantado los fondos necesarios y se ha cuestionado sobre la distribución de las ayudas: "¿Por qué no publican los listados?", ha indicado.
La isla ha estado envuelta en "el silencio" desde hace dos años tras las elecciones, y la respuesta del Cabildo y el Gobierno de Canarias "no está a la altura", ya que "se prometió mucho y no hay peor engaño que el que se hace a personas vulnerables". "No sigan usando el dolor de un pueblo para hacer política", ha señalado.
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