El fraude eléctrico no para de crecer y buena parte del problema está en los cultivos de marihuana en viviendas y locales. Estas instalaciones, que funcionan a pleno rendimiento las 24 horas, generan cortes, sobrecargas y una factura que termina afectando a todos los consumidores.
Más de 32.000 fraudes eléctricos en medio año, una media de siete por hora, con un consumo equivalente al de casi 117.000 hogares. Son las cifras que maneja Endesa en su último balance, y el panorama que dibujan no deja lugar a dudas: el robo de luz se ha convertido en un problema creciente y sistémico, vinculado en buena parte a las plantaciones ilegales de marihuana que proliferan en viviendas y naves de toda España.
Entre enero y junio, la eléctrica, a través de su filial de redes e-distribución, ha detectado una media de más de 175 casos diarios de enganches ilegales, muchos de ellos asociados a instalaciones ‘indoor’ de cannabis, que operan con potencias equivalentes al consumo de unas 80 viviendas medias. En total, el volumen de energía recuperado en estos fraudes asciende a 111 millones de kilovatios hora, suficiente para abastecer a más de 31.700 hogares.
La empresa ha destacado que estas conexiones ilegales no solo suponen pérdidas económicas y distorsiones en el sistema eléctrico, sino que provocan graves daños en las infraestructuras y riesgos para la seguridad ciudadana, incluyendo incendios, cortes de suministro y accidentes mortales por manipulación de equipos eléctricos.
SEIS NARCOPLANTACIONES AL DÍA
El impacto del cultivo de marihuana en el sistema eléctrico es demoledor. Según Endesa, en sus zonas de distribución se desmantelaron una media de seis plantaciones de cannabis al día durante el primer semestre de 2025, en operaciones lideradas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estas actuaciones, recuerdan, no solo implican pérdida de energía, sino deterioro de la red, interrupciones en el suministro y afectación directa a los vecinos.
España lidera además las incautaciones de marihuana en la Unión Europea. Según el Informe Europeo sobre Drogas 2025, el 73 por ciento de todas las plantas requisadas en la UE fueron localizadas en territorio español, buena parte en plantaciones ‘indoor’ alimentadas mediante fraude eléctrico.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL CONTRA EL FRAUDE
Para combatir este fenómeno de robo de luz, Endesa ha incorporado desde 2017 modelos de inteligencia artificial, como machine learning y deep learning, que cruzan datos de consumo, historial de inspecciones, equipamiento instalado e incluso información meteorológica, con el objetivo de detectar patrones sospechosos y actuar con mayor precisión.
Además, la compañía ha reforzado su colaboración con la Policía Nacional a través de un convenio con la Comisaría General de Policía Judicial para prevenir e investigar delitos que afectan a servicios esenciales, como el de la electricidad.
IMPACTO DIRECTO SOBRE LOS CIUDADANOS
El robo de luz no solo afecta a las compañías. Según advierte Endesa, todos los consumidores acaban pagando los efectos de estas prácticas ilegales: los costes de las pérdidas se trasladan a las tarifas, se generan cortes en el suministro por sobrecarga, y se distorsiona la competitividad entre empresas al crear un mercado desleal.
También la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado la voz de alarma. A finales de julio, aprobó una propuesta normativa para actualizar la regulación contra el fraude eléctrico, que contempla nuevos criterios de facturación, procedimientos comunes en las inspecciones y medidas para proteger a los usuarios afectados por enganches o manipulaciones.
UN DELITO SIN CÁRCEL EN ESPAÑA
Uno de los aspectos más polémicos que rodean al fraude eléctrico es la laxitud del marco legal español. A diferencia de países como Francia, Portugal, Italia o Alemania, España no contempla penas de prisión para los delitos de fraude eléctrico, ni siquiera si están vinculados a plantaciones ilegales de cannabis o provocan incendios con consecuencias graves. Tampoco existen agravantes ni computa para la reincidencia.
Endesa y otros actores del sector reclaman una revisión del Código Penal que permita tipificar con mayor severidad este tipo de delitos, por su impacto económico, social y en la seguridad pública.
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