Un juez acusa al exministro de Hacienda de crear una red de influencias dentro del Gobierno para beneficiar a compañías del sector gasístico. El caso afecta a casi una treintena de personas y varias entidades, y podría convertirse en uno de los mayores escándalos de puertas giratorias de los últimos años.
El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha sido imputado por un juzgado de Tarragona por su presunta implicación en una trama destinada a modificar leyes y normativas para beneficiar a grandes empresas del sector gasístico. Según la investigación, Montoro habría utilizado su despacho de asesoría fiscal, Equipo Económico, como herramienta para influir en decisiones del Ministerio mientras estaba al frente de la cartera.
La causa, que se remonta a 2018 tras el hallazgo de correos internos y documentos que implican a antiguos altos cargos de Hacienda, ha derivado en la imputación de 28 personas físicas y seis entidades jurídicas por delitos como cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
El juez sostiene que Montoro, tras abandonar temporalmente la primera línea política en 2008, colocó a antiguos socios de su despacho en puestos clave del Ministerio de Hacienda, desde donde habrían impulsado cambios normativos a medida para varias empresas gasísticas agrupadas en la patronal AFGIM, entre ellas Air Liquide, Messer, Praxair, Abelló y Carburos Metálicos. Estas compañías habrían abonado cerca de 780.000 euros al despacho Equipo Económico entre 2011 y 2019, coincidiendo con las modificaciones legislativas que las beneficiaron fiscalmente en 2013 y 2018.
NIEGAN CUALQUIER VINCULACIÓN
Desde el despacho fundado por Montoro niegan cualquier vinculación con una trama delictiva y aseguran estar “plenamente disponibles” para colaborar con la justicia. Alegan además que el exministro abandonó la firma en 2008, aunque el juez considera que la influencia del despacho perduró a través de una red de antiguos colaboradores con poder de decisión en la Administración pública.
La noticia ha provocado un fuerte revuelo político. El PSOE ha criticado con dureza la imputación y ha señalado que este caso “retrata el verdadero milagro económico del PP”. Por su parte, desde el entorno del Partido Popular guardan silencio mientras analizan el alcance del caso, que podría derivar en una macrocausa de corrupción institucional.
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