Sánchez no dimite y anuncia una agencia anticorrupción independiente

Pedro Sánchez ha comparecido este martes en el Congreso de los Diputados para intentar cerrar la herida política que más sangra hoy en el Palacio de la Moncloa: la corrupción. Tras semanas de presión creciente —desde la oposición, sus propios socios y la opinión pública— el presidente ha dado explicaciones por los casos que han afectado de lleno a la cúpula del PSOE, con especial atención a los llamados caso Koldo y caso Cerdán.

A primera hora de la mañana, Sánchez tomaba la palabra con gesto serio. Lo primero que hizo fue pedir disculpas por haber confiado en José Luis Ábalos y Santos Cerdán, sus dos anteriores secretarios de organización, ahora ambos imputados en el Tribunal Supremo. “Me equivoqué al confiar en ellos”, dijo, y reconoció que con Cerdán fue “doblemente engañado”: primero al designarlo como ‘número tres’ del partido por su “sencillez y humildad”, y después, al creer sus explicaciones cuando estallaron los rumores que lo vinculaban con la trama del caso Koldo.

La intervención sirvió para que el presidente lanzara un mensaje de resistencia. Admitió que pensó en dimitir, como le pedían no solo el PP y Vox sino también algunos de sus socios parlamentarios. “Lo contemplé”, confesó, “pero tirar la toalla no es una opción”. Aseguró que sigue al frente por “el mandato de las urnas” y para no dejar el país “en manos de quienes solo quieren destruir”.

UNA AGENCIA “INDEPENDIENTE” PARA VIGILAR LA CORRUPCIÓN

Más allá del tono confesional, la comparecencia tuvo también perfil programático. Sánchez anunció un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, inspirado en las recomendaciones de la OCDE, con el que pretende “situar a España a la vanguardia europea” en esta materia. La medida más concreta: la creación de una agencia estatal para la prevención y supervisión de prácticas corruptas, que —según subrayó— será “totalmente independiente del Gobierno”.

La futura agencia, cuya arquitectura legal aún no se ha detallado, debería actuar como una autoridad supervisora, con capacidad de intervención en casos de contratos públicos, conflictos de intereses o adjudicaciones sospechosas. Además, Sánchez se comprometió a sacar adelante una normativa que impida que las empresas involucradas en tramas corruptas puedan contratar con la Administración durante años.

El anuncio llega solo un día después de que la Comisión Europea lanzara una advertencia directa a España por carecer de un plan nacional claro contra la corrupción política. Una crítica que el presidente soslayó en su intervención, aunque sin mencionarla de forma explícita.

RETRASOS, REPROCHES Y CLIMA DE DESCONFIANZA

La propia celebración de la comparecencia ha sido motivo de fricción. La oposición llevaba más de un mes exigiendo explicaciones urgentes, especialmente desde que a principios de junio se conociera que Santos Cerdán estaba siendo investigado judicialmente. Pero Sánchez aplazó la cita alegando compromisos internacionales: las cumbres de la OTAN, de la ONU y de Bruselas se interpusieron entre la presión parlamentaria y el atril del hemiciclo.

La tardanza ha encendido los ánimos de todas las bancadas. El PP y Vox han intensificado su apuesta por una moción de censura, aunque carecen de los apoyos necesarios. Más significativa ha sido la postura de varios socios de investidura —entre ellos Junts, Compromís y Coalición Canaria— que han reclamado abiertamente que el presidente se someta a una cuestión de confianza si quiere sostener el respaldo de la Cámara.

Sánchez, por ahora, la descarta. En su intervención apeló a la “estabilidad institucional”, y se apoyó en el argumento de que su Gobierno es “el único que ha endurecido el Código Penal para luchar contra la corrupción” en las últimas décadas.

EL PSOE EN EL EPICENTRO DE LA TORMENTA

Más allá de las medidas y los gestos, lo cierto es que el escándalo ha golpeado el núcleo del aparato socialista. El caso Ábalos ya había sacudido los cimientos del partido; el caso Cerdán los ha tambaleado. La figura de este último, hasta hace semanas uno de los hombres de máxima confianza del presidente, ha quedado completamente erosionada. Su imputación en la trama de comisiones ilegales en contratos públicos, con ramificaciones en varias comunidades, ha desatado una tormenta ética y política de la que el PSOE aún no ha salido indemne.

Ahora, Sánchez intenta recomponer el relato. “Quien la hace, la paga”, sentenció desde la tribuna. “Pero no aceptaré que se ponga bajo sospecha a todo un Gobierno ni a todo un partido por los errores de unos pocos”.