Es más que evidente que, desde hace mucho tiempo, la gobernabilidad de España está condicionada por los nacionalistas vascos y catalanes. Excepto en los periodos con mayorías absolutas de Felipe González, José María Aznar, en la legislatura 2000- 04, y Mariano Rajoy, entre 2011 y 2015, todos los gobiernos, desde las primeras elecciones constitucionales celebradas el 1 de marzo de 1979, han estado en manos del PNV, Bildu, la antigua Convergencia i Unió, ERC o Junts. De alguna manera, todos han cortado el bacalao en la gobernabilidad del Estado.
La frustración ciudadana que dejó la política de ajustes y recortes económicos y sociales, obligada por la Unión Europea entre 2011 y 2015, favoreció la irrupción de nuevas opciones políticas que, en principio, pareció que facilitarían la articulación de nuevas formas de gobierno. Pero el aire fresco que formaciones como Ciudadanos y Podemos podían aportar al rejuvenecimiento de la política se esfumó en muy poco tiempo. La inmadurez y el ego de sus líderes nos devolvió al esquema tradicional: si el PP o el PSOE no son capaces de obtener mayorías absolutas, la gobernabilidad queda en manos de los partidos nacionalistas, los socios potenciales de siempre. De esta manera, España permanece ante una situación cíclica, bien con gobiernos de mayorías absolutas o, si no, en minoría y necesitados de apoyos de fuerzas nacionalistas.
También resulta una evidencia constatable el hecho de que Canarias es el único territorio del Estado reconocido singularmente dentro de la Unión Europea. La lejanía del continente y las políticas que le son necesarias para favorecer la cohesión territorial sustentan esa particularidad. Sin embargo, ninguno de los grandes partidos españoles tiene reconocido estructuralmente el carácter singular del Archipiélago y las medidas necesarias para asemejarnos a quienes residen en el continente. Solo la irrupción en el Parlamento español del nacionalismo moderado canario le ha otorgado protagonismo a las Islas. Es evidente y constatable.
Coalición Canaria irrumpió en Madrid, en 1994, con cuatro diputados y siete senadores en las Cortes Generales. Desde allí, su aportación a las Islas no se ha limitado exclusivamente al sentimentalismo, sino que se ha extendido al pragmatismo para la consecución de medidas favorecedoras del desarrollo económico y social y, por lo tanto, del bienestar de quienes aquí vivimos. Sin embargo, esta formación no ha terminado de enganchar con la gente con la fuerza necesaria para recuperar los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado. El último sondeo de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas, publicado esta semana, en lo que se refiere a las elecciones generales en el ámbito de Canarias, sitúa la preferencia por el PSOE en el 22,9 por ciento, seguido del PP, con el 22,5%; VOX, con el 13%, y Coalición Canaria, con el 3,3%. Así, el pronóstico que hace el CIS que preside Tezanos para el nacionalismo canario resulta pésimo. En unos momentos de crecimiento de todas las fuerzas territoriales en España, las expectativas para Coalición Canaria son ciertamente frustrantes. A pesar del encomiable trabajo que está llevando a cabo Cristina Valido en el Congreso de los Diputados, junto al protagonismo de Coalición Canaria en cuanto a los menores no acompañados, sorprende el escaso apoyo social que otorgan los ciudadanos a esta fuerza nacionalista.
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