Sánchez propone que las viviendas de protección oficial lo sean para siempre. Esto es algo parecido a que los pobres también lo sean, manteniendo una posición irredimible. Puede ser que esto tenga que ver con que la descalificación no se produzca al vencimiento de un plazo, lo cual podría resultar razonable, pero no debería serlo cuando al beneficiario no se le dé la oportunidad de devolver las ventajas económicas que le permitieron acceder a la propiedad de su vivienda. En este sentido, debo decir que se trata de un aspecto ideológico que forma parte de las exigencias de algunos de sus socios de Gobierno, más interesados en mantener las diferencias de clase en una sociedad que tiende a la permeabilidad por el mérito.
En este aspecto, parece el planteamiento de una izquierda, que está más empeñada en hacer desaparecer el derecho de propiedad y el libre mercado para construir sociedades eminentemente intervencionistas. Es el fielato que debe pagar para que le apoyen los que piensan en contrario haciendo imposible la solución de un problema que nos afecta a nivel global.
La construcción de un parque público de viviendas requiere de acciones urbanísticas que pongan a disposición los suelos necesarios, y en esto no se ve que todos remen en el mismo sentido. El problema de la vivienda no es solo de inversión. Existen trabas ideológicas, que afectan a la tramitación administrativa y a la vulnerabilidad ante los tribunales, que no se solucionan con dinero y tampoco de un día para otro. Son muchos años tratando de sembrar sospechas sobre el procedimiento para intentar ahora arreglarlo en unos meses. La vivienda es un asunto grave y no se resuelve poniendo la plata sobre la mesa mientras el resto de las cosas continúan igual. Sería una forma de lavarse las manos.
De nada sirve la promesa de una inversión que luego no se puede llevar a cabo. Todavía tenemos al fantasma del Pocero y de la burbuja inmobiliaria, tan aireado durante los últimos 20 años, para reducir este asunto solo a una iniciativa económica. Esta es la traca que llevará el presidente Sánchez a la reunión de presidentes autonómicos. Como siempre un caramelo envenenado, y pobre del que diga que no.
Ser eternamente propietarios de una vivienda protegida significa condenar a una clase proletaria a pertenecer a esa casta eternamente. Como si estuviéramos inmersos en la Revolución de facto, sin que se hayan producido los efectos traumáticos para su desembarco. Lenta y silenciosamente, como se hacen las cosas ahora. La sociedad no se comporta así, por eso el legislador anterior, desde la época de la oprobiosa, siempre intentó darle salida a estas diferencias y permitir que los beneficiarios pudieran redimirse de sus cargas.
He visto crecer a empresas públicas, como Muvisa, que consumieron los suelos de patrimonio municipal en sus programas de protección. Ya no queda ni un centímetro cuadrado. Reto a que se ponga en marcha el desarrollo de algunos sectores urbanizables para ver a los de siempre llenando las calles con sus tambores y a Transición Ecológica dándoles la razón. No es un asunto de dinero. Todos los sabemos.
Si (
No(
