No entiendo mucho de Derecho Penal, pero el sentido común me dice que no se ha producido un cambio del delito de sedición por uno de desórdenes públicos agravados. Simplemente desaparece el primero y se supone que el segundo es algo de nueva consideración para hechos que tengan o no que ver con situaciones políticas. ¿Alguien es tan ingenuo para creer que una declaración unilateral de independencia, un referéndum ilegal y demás actos tendentes a alterar de facto la integridad territorial de un país se pueden considerar como desórdenes públicos agravados? ¿En qué consiste el agravamiento para que una quema de contenedores se pueda equiparar a un intento de sedición? ¿Por qué se pretende que ambos comportamientos delictivos pertenezcan a la misma familia?
Yo no tengo la respuesta y espero que ustedes tampoco. No voy a entrar en los motivos que mueven al Gobierno para llevar a cabo estas modificaciones legales. No me interesa contemplar si se hace por un mero trueque para obtener apoyos parlamentarios de subsistencia. Esto en el fondo es elevar la necesidad al grado de virtud y convertir en gesta heroica y hábil lo que no deja de ser un truco para salir del aprieto. En la política se dan estas situaciones y unos las consideran hábiles fintas de maestro de esgrima mientras otros ven en ellas atentados flagrantes contra el comportamiento ético, e incluso actos que ponen en riesgo la calidad democrática. Opiniones hay para todos los gustos. Incluso dentro del partido que promueve la reforma, donde presentarse con el rostro de la moderación obliga a algunos a renegar de estas soluciones, como hace Juan Lobato en Madrid. Lo cierto es que, si se repiten los hechos de 2017 a los tribunales no les quedará más remedio que recurrir a la rebelión si quieren responder con la contundencia legal necesaria.
Menos mal que esta reforma viene acompañada de castigar con penas, entre seis meses y dos años, a quienes oculten los cadáveres de los asesinados, haciendo un guiño populista al caso de Marta del Castillo que acaba de ser archivado por los jueces. No sé cómo será contemplado todo esto en las comunidades donde no existe el independentismo, pero me temo que una gran mayoría del país no aplaudirá esta iniciativa por mucho que se lo diga el argumentario de que si no se hace así viene la derecha a ocuparse de nuestros asuntos. Me sorprendió anoche Juan Lobato en una entrevista en Trece televisión (perdón por visionar esa cadena diabólica) donde se mostraba contrario a la supresión de la sedición y además partidario de la autonomía fiscal y financiera de las comunidades, en clara contradicción con la línea que defienden el ministerio de Economía y el de Hacienda.
¿Habrá de verdad un movimiento de renovación dentro del PSOE que nos conduzca a la esperanza de un cambio de actitud? ¿Será cierto que estas pautas de buena práctica política siguen vivas en el interior del partido, y lo que nos ocurre es producto de una coyuntura desafortunada? ¿Qué hay de verdad en que es consecuencia de lo que hemos votado, de que las cosas han resultado así porque no quedaba más remedio? Llegará un día en que todo se aclare sin que para ello haga falta echar mano de una nueva memoria histórica. Sabremos por qué cambiamos nuestra posición frente al Sahara, sabremos por qué no dimite el ministro del Interior después de mentir sobre lo ocurrido en Melilla, sabremos por qué ahora Biden le coge el culo a la mujer del presidente, sabremos qué pasó con Pegasus, sabremos que contenían las maletas de Delcy.
Lo que ya sabemos es el texto de la reforma legal que hace desaparecer a la sedición del código penal y cómo afectará a Puigdemont y a todos los demás implicados. Lo que todavía no sabemos es cómo afectará esto a los españoles a la hora de ir a votar. Al menos en Moncloa no creo que lo sepan.
Si (
No(
