“La Insolvencia Empresarial”. Monitor de la Economía Canaria

En esta segunda entrega de la monitorización de la economía canaria, CEOE-Tenerife analiza la insolvencia empresarial, surgida a raíz de la pandemia iniciada en marzo de 2020.

El escenario provocado por la crisis pandémica sumió a la economía mundial en una situación de incertidumbre sin precedentes, que ha desembocado en una ingente cantidad de “empresas zombis”. Estas son, empresas que, o bien se mantienen inactivas, o son incapaces de hacer frente a sus deudas con los ingresos que generan. Ante esta situación, gobiernos nacionales y regionales han tratado de contrarrestar los efectos de la crisis articulando medidas de política económica, como la laxitud de las condiciones financieras, la puesta en marcha de líneas de avales gestionadas por el ICO -destinadas a facilitar el crédito- o la moratoria concursal, cuyo fundamento ha sido dotar de oxígeno financiero a las empresas con inconvenientes de solvencia. Así, con el objetivo de no arrastrar a la disolución o liquidación a personas físicas o jurídicas a causa de la crisis pandémica, el Gobierno nacional dispensó del deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores e impidió la admisión a trámite de las solicitudes instadas por terceros, durante un plazo que -de no ser prorrogado nuevamente- decaerá el próximo 30 de junio.

Sin embargo, pese a las medidas tomadas, el número de deudores concursados para el primer trimestre de 2022 ha sido superior a los niveles observados antes de la pandemia. En concreto, el conjunto del Estado ha alcanzado los 2.920 deudores concursados, perteneciendo 87 de ellos a Canarias (esto es, casi un 3% del total). Si se comparan estas cifras con las registradas en el primer trimestre de 2019, se observa que, en cuatro años, el número de deudores se ha incrementado en un 51,14% y un 128,9%, para España y Canarias, respectivamente.

En el primer trimestre de 2020, el número de deudores concursados ascendió hasta los 2.116 a escala nacional, y a los 46 a escala regional. Sin embargo, estas cifras quedan más que alejadas de las registradas en el primer trimestre de 2021 que, en comparación, se dispararon un 61,8% (3.426) en el Estado y un 173,9% (126) en Canarias.

Por supuesto, la incidencia de la pandemia en el número de deudores concursados ha sido de diferente magnitud, según su naturaleza jurídica. En Canarias, de los 87 deudores concursados en el primer trimestre de 2022, la mayoría fueron personas físicas sin actividad empresarial (48,3%). En cambio, en términos de evolución desde el inicio de la pandemia, destaca el incremento del número de deudores concursados calificados como personas físicas con actividad empresarial, cuya tasa de crecimiento anual ha alcanzado el 600%. Según el Observatorio de Morosidad de CEPYME, en Canarias el período medio de pago del cuarto trimestre fue de 82,2 días, esto es, más de seis días menos que en el primer trimestre de 2020, cuando se registró el peor dato de los últimos años.

Esta situación de posible falta de liquidez para afrontar los pagos, junto con el actual contexto de incertidumbre económica, manifiestan un menor nivel de confianza de los empresarios. Si bien el Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) para Canarias incrementó 1,7 puntos en el segundo trimestre de 2022 respecto al anterior, la confianza empresarial sigue registrando un saldo negativo de -13,9 puntos.

Con respecto a las expectativas a partir del próximo 30 de junio, se prevé una avalancha de solicitudes de concursos voluntarios, así como de los concursos necesarios -con consecuencias más perjudiciales para el deudor-, en los casos en que sean los acreedores los que abran esta vía. En otras palabras, se prevé que, tarde o temprano, haya un posible aluvión de quiebras empresariales de todas aquellas sociedades que no hayan conseguido superar las causas de insolvencia durante el plazo en que ha estado en vigor la moratoria. Este dato adquiere especial relevancia en la coyuntura actual, en la que el tejido productivo ha sufrido un duro golpe, que ya ha tenido su reflejo en las 37.858 empresas destruidas (4.757 en Canarias) en el primer año desde el estallido de la pandemia.

A todo ello se suman las eventualidades que han irrumpido en el tejido empresarial en forma de pandemia, erupción volcánica o guerra y las importantes turbulencias económicas que han traído consigo: disparo de la demanda de productos, conjugado con la escasez de oferta por problemas en la producción; cuellos de botella, intensificados por el enfoque de “riesgo cero” respecto al COVID en China; precios energéticos desorbitados como respuesta a la invasión de Ucrania. A todo ello se suma la situación de la economía española, cuya vulnerabilidad también puede contagiar a los costes de financiación de las empresas.

En este contexto, España, y especialmente Canarias, necesita un plan de acción razonable y creíble, que evite que los mercados de capitales impongan por la vía de hecho un ejercicio de austeridad fiscal contraproducente para la recuperación de nuestro tejido empresarial. Ese plan debe materializarse en reformas que eviten que el impacto negativo previsto para el corto plazo se instale en el largo plazo. Así, urge que se articulen medidas que flexibilicen el mercado laboral e incentiven la contratación, que simplifiquen los procesos administrativos, que pongan fin al gasto ilimitado e ineficiente y reduzcan el nivel impositivo, con un doble objetivo: atraer inversión y dejar más renta disponible a los agentes económicos que generan actividad productiva.