Los Planes de Acción por el Clima de 20 municipios de Gran Canaria definen medidas por 178 millones para ejecutar en diez años
miércoles 16 de diciembre de 2020, 15:02h
Gran Canaria es la única isla canaria con todos sus municipios adheridos a este programa europeo. El 20 % de la electricidad de las viviendas se usa innecesariamente
El Pacto de las Alcaldías es el único programa de la Unión Europea para luchar contra el cambio climático desde la administración local, un programa que ha sido coordinado en Gran Canaria por el Cabildo hasta lograr la adhesión de todos sus municipios, 20 de los cuales cuentan desde hoy con sus Planes de Acción por el Clima con medidas para reducir las emisiones y afrontar los efectos ya palpables del calentamiento por valor de 178 millones de euros a ejecutar en el próximo decenio.
El presidente del Cabildo, Antonio Morales, presentó hoy estos veinte Planes de Acción junto al coordinador de la iniciativa, Raúl García Brink, y representantes de estos municipios que suponen el 60 por ciento de las emisiones de Gran Canaria y a los que próximamente se sumará la capital de Gran Canaria para diagnosticar su situación y definir igualmente sus medidas.
Una vez más, la implicación ciudadana será clave, pues un pilar para lograr el objetivo será el ahorro, toda vez que el 20 por ciento de la electricidad en viviendas se usa innecesariamente, ilumina habitaciones vacías y carga electrodomésticos no usados. “No podemos permitirnos ser energéticamente ineficientes”, subrayó Morales, quien estimó que Gran Canaria es de los territorios estatales más comprometidos contra el cambio climático.
Así, esta veintena de hojas de ruta, que han precisado el trabajo durante más de un año de otros tantos ingenieros contratados por el Cabildo, prevé elevar hasta el 27 por ciento la penetración de las energías renovables e incrementar casi un tercio la eficiencia energética, todo ello con medidas adaptadas a la realidad de cada municipio fruto de un diagnóstico previo.
El Cabildo ha invertido 600.000 euros en su redacción y liderará también la búsqueda de fondos europeos para completar las aportaciones de las administraciones locales, regional y estatal para ejecutar las medidas, tarea que compaginará con la redacción de la Estrategia Insular de Adaptación al Cambio Climático, que aportará la visión global sobre el territorio.
El diagnóstico para elaborar los Planes refleja que el vehículo privado es responsable de una tercera parte de las emisiones en Gran Canaria seguido del parque residencial con más del 25 por ciento del total y de la actividad comercial y hotelera con el 20 por ciento.
También deja un retrato que revela que el 75 por ciento de las emisiones están concentradas en Las Palmas de Gran Canaria con casi el 40 del total-, San Bartolomé de Tirajana, Telde, Santa Lucía y Mogán, mientras que Guía, San Mateo, Agaete, La Aldea, Firgas y Moya suponen apenas al 1 por ciento, porcentaje al que no llegan en Tejeda, Artenara y Valleseco.
Dos ejes: mitigar el calentamiento y afrontar los efectos ya inevitables
Los Planes tienen dos ejes, pues incluyen por un lado acciones de mitigación de las emisiones en nueve áreas que precisan cerca de 138 millones de euros y, por otro, medidas de adaptación a los efectos del calentamiento ya presentes y los futuros por valor 40 millones de euros distribuidos en 13 ámbitos de actuación.
La partida de mayor cuantía de las acciones de mitigación contempla 44 millones para mejorar la eficiencia energética en instalaciones municipales con medidas que engloban el alumbrado público, el ciclo del agua y la instalación de energía solar térmica, mientras que la segunda prevé 38 millones para fomentar el transporte público, los aparcamientos disuasorios en la periferia urbana, el desplazamiento peatonal entre núcleos de población y la extensión de la red de puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Le siguen 29 millones para promover la producción de electricidad con energía solar fotovoltaica y el uso de redes inteligentes en viviendas y también en instalaciones municipales, y también contempla la necesidad de invertir 20 millones en los hogares con el objetivo de instalar energía solar térmica, bonificar el IBI a las edificaciones eficientes y realizar campañas de sensibilización ciudadana.
Asimismo, las acciones de mitigación centradas en la actualización de la normativa y la gestión medioambiental precisarán de 3,5 millones y la reducción de la huella de carbono en la gestión de los residuos de otros 2,4 millones, mientras que los sistemas de climatización en equipamientos municipales tendrán un coste estimado de 450.000 euros, además de otros 118.000 euros para promover la energía solar térmica y las campañas de concienciación en este caso destinadas al comercio, hoteles y sector industrial.
En cuanto a las acciones de adaptación al cambio climático, actuarán en trece frentes, uno de ellos el agua con 17 millones para medidas para proteger las redes de producción y distribución ante el recrudecimiento de los fenómenos meteorológicos, 8 millones para reforzar la protección de las carreteras ante desprendimientos, riadas y otras eventualidades, 6 millones para actualizar la planificación territorial en función de los mapas de riesgo por el cambio climático en cada municipio y 3 millones para salvaguardar las infraestructuras energéticas y contar con redes alternativas en caso de emergencia.
Además, las acciones de adaptación prevén 2 millones para actualizar las redes informáticas y de comunicación para asegurar su operatividad en cualquier circunstancia y 900.000 euros para potenciar los recursos de protección civil y emergencias y formar al personal.
Los 3 millones restantes se distribuyen entre la recuperación de espacios agrarios abandonados, los planes de protección de las áreas naturales, garantizar en todo momento la gestión residuos, la detección de patologías sanitarias entre la población relacionadas con el calentamiento global, la implantación de programas de gestión ambiental y de riesgos en los establecimientos turísticos, la posible reubicación de edificios por la subida del mar u otros riesgos y los programas para formar a la población ante esta realidad ante la que también se debe preparar.