La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dado la razón al Cabildo de Tenerife en el procedimiento administrativo iniciado para trasladar a las personas residentes en el Hospital Febles Campos a unas instalaciones más adecuadas. Así consta en el escrito emitido en el que la Fiscalía pide la desestimación del recurso presentado por el comité de empresa del IASS y Asamblea de Trabajadores de Canarias (ATC) contra el auto del Juzgado de Instrucción nª4 de Santa Cruz de Tenerife, que archivó la querella hace un mes.
La vicepresidenta tercera y consejera insular de Acción Social, Marián Franquet, ha reiterado que “tanto la querella como el recurso presentado con el objetivo único de frenar la gestión, van directamente en contra de los intereses de las personas residentes en el Febles Campos, que son las principales perjudicadas de todo esto, y que son las que ya deberían poder estar en un lugar digno en el que se les pueda tratar con los requerimientos que necesitan”.
Según se recoge en el texto de la Fiscalía, “mostramos nuestro acuerdo total con el auto ahora impugnado por entender que los hechos en un primer momento denunciados no son compatibles con la existencia de ilícito penal alguno. En este sentido debemos comenzar por señalar que en la actualidad no existe aún ningún contrato entre el Cabildo de Tenerife/IASS con CLECE en relación al traslado de los usuarios del Hospital Febles Campos al Seminario de La Laguna, por lo que en cuanto a la prevaricación administrativa entendemos que es imposible cometer la misma sin antes haber procedido a adjudicar ningún contrato que fuera el objeto del proceso”.
Asimismo, entiende la Fiscalía que el argumento de la inexistencia de ilícito penal se encuentra más reforzada, al entender que “el IASS podría haber tramitado el contrato sin ningún tipo de procedimiento, ni publicación ni previo informes”. No obstante, reconoce, “tenemos un procedimiento que se ha intentado publicar lo máximo posible según los propios testigos, sin necesidad ni obligación legal de hacerlo de dicha forma, unido a la idea de que tampoco existe aún ninguna resolución administrativa y mucho menos que dicha resolución sea arbitraria. De esta forma faltan los elementos básicos y necesarios para la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa”.
El texto de la Fiscalía se refiere, además, a la “casi ausencia total de edificios que cumplieran con las características necesarias para realizar en condiciones óptimas el traslado de los usuarios del Hospital Febles Campos y de la Casa de Mayores de Ofra”. Por ello, considera que “las negociaciones existentes con CLECE en relación con el traslado de usuarios se realizó tras el conocimiento de la ausencia de otro edificio que pudiera cumplir mínimamente con las necesidades actuales de los centros anteriormente reseñados”.