El gasto en medicamentos del SCS se situó en el mes de enero en 49 millones de euros

El Consejo de Gobierno conoció este jueves, 11 de febrero, el gasto en recetas de farmacia del Servicio Canario de la Salud (SCS) correspondiente al mes de enero, que ascendió a 49.017.468,17 euros.

Por Áreas de Salud, el gasto en medicamentos se distribuyó de la forma siguiente: Tenerife, con 21.206.855,29 euros; Gran Canaria, con 21.141.714,69 euros; Lanzarote, con 2.316.945,24 euros; La Palma, con 2.112.085,72 euros; Fuerteventura, con 1.488.361,47 euros; La Gomera, con 514.508,42 euros, y El Hierro, con 236.997,34 euros.

De acuerdo a estos datos, el gasto de las Áreas de Salud de Gran Canaria y Tenerife representó el 86,39% de la factura farmacéutica del SCS, mientras que el 13,60% restante se distribuyó entre las de Lanzarote (4,72%), La Palma (4,3%), Fuerteventura (3,03%), La Gomera (1,04%) y El Hierro (0,49).

4,1 millones de recetas emitidas

Los centros sanitarios del Servicio Canario de la Salud emitieron en enero pasado 4.111.543 recetas, un 3,01% menos que en el mismo mes del año anterior, de las que 1.809.778 corresponden al Área de Salud de Gran Canaria y 1.744.418 recetas, a la de Tenerife. En el resto de Áreas de Salud, el número de recetas emitidas osciló entre las 198.001 de Lanzarote y las 20.578 de El Hierro.

En cuanto al gasto medio por receta, fue de 11,65 euros, frente a los 11,39 euros de enero de 2020, lo que supone un 2,27% de incremento. Por Áreas de Salud, La Gomera y La Palma se situaron por encima de los 12 euros en gasto medio mensual por receta (12,72 y 12,09 euros, respectivamente), mientras que las seis restantes arrojaron un gasto medio inferior a esta cantidad, entre los 11,23 euros de El Hierro y 11,89 euros, de Tenerife.

Comunicación al Ministerio

El gasto farmacéutico mensual incluye, además de la factura en medicamentos, el gasto en productos dietoterápicos y el importe resultante de la eliminación del copago a los usuarios sanitarios residentes en Canarias con rentas inferiores a 18.000 euros, que representó en total 2.854.751,94 euros en esa mensualidad.

La Administración General del Estado establece que, para uniformar los criterios de información de todas las Comunidades Autónomas, el gasto farmacéutico que se comunica mensualmente al Ministerio de Sanidad no incluya la facturación de los productos dietoterápicos ni el importe resultante de la aplicación del Decreto-ley 1/2020, de medidas urgentes por el que se regula la ayuda para la adquisición de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) a las personas que tengan la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiaros, cuya renta anual sea inferior a 18.000 euros.

De acuerdo a estos criterios, el importe del gasto farmacéutico del SCS del mes enero que se comunica al Ministerio asciende a 46.162.716,23 euros.

Normativa sobre los 165 millones de ayudas directas por la crisis de la COVID

En el Consejo de hoy, también se abordó un estudio previo sobre el sistema de ayudas directas que aplicará el Gobierno de Canarias, con un total previsto de 165 millones de euros, para las empreas y autónomos más afectados por las restricciones y consecuencias de la pandemia. El Ejecutivo pretende aprobar una norma para el reparto de estas subvenciones antes de que acabe el presente mes de febrero, siempre en estricto cumplimiento de la ley, pero tratando de agilizarlas al máximo. Por eso, considera que la mejor vía es que esa cantidad provenga de los fondos europeos para la recuperación (REACT-UE) por su mayor flexibilidad. “Queremos llegar pronto y bien a estas empresas”, indicó Pérez, quien resaltó que, tras esa norma, se establecerá el sistema para compensar el pago de impuestos como el de Bienes Inmuebles (IBI).

El Gobierno de Canarias sigue considerando que las administraciones de las Islas deben reflexionar sobre la conveniencia de destinar los 80 millones de euros del Fondo Canario de Desarrollo de 2021 (Fdcan) para ayudar precisamente a las familias y subsectores más afectados por la COVID. Pérez insistió en que esa cantidad está asegurada por el presupuesto regional, pero considera que el impacto de la pandemia debe hacer recapacitar a los cabildos y ayuntamientos sobre si es mejor aquel destino que el de la mejora o creación de infraestructuras.