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El convenio colectivo del personal laboral, en punto muerto

lunes 05 de diciembre de 2022, 14:27h
Por Carlos Medina y Sandra Ramos

Los concejales Carlos Medina y Sandra Ramos afirman que la falta de gestión del Grupo de Gobierno (NC, PSOE y Si se puede) se cobra una nueva víctima dentro del consistorio local.

Nuevo capítulo para olvidar dentro de la gestión política de Tacoronte. Esta vez en el ámbito de la gestión de derechos estatutarios del personal laboral. El alcalde, José Daniel Díaz, responsable también de Recursos Humanos y el Grupo de Gobierno que lo sostiene (NC, PSOE Y SI se puede) han demostrado su incapacidad para conseguir responder con altura de miras a un problema enquistado durante años.

Lo que en apariencia durante más de tres años se ha disfrazado de buena sintonía y buen clima de diálogo entre el personal del Ayuntamiento y el Grupo de Gobierno, ha acabado derivando en una tomadura de pelo para el colectivo de trabajadores del consistorio, que ve como sus derechos siguen en punto muerto ante la incapacidad, en particular de José Daniel Díaz, Alcalde de Nueva Canarias, quien lideró personalmente las negociaciones, y en general, de su Grupo de Gobierno compuesto por el PSOE y Sí Se Puede.

En el último pleno ordinario que tuvo lugar el 1 de diciembre se trató como un punto en el orden del día la aprobación del convenio colectivo del personal laboral. Dicha iniciativa fue obligada a tratarse debido a una sentencia judicial, fruto de una demanda interpuesta al Ayuntamiento por parte de los trabajadores. Un vía crucis judicial derivado de la inactividad por parte del Grupo de Gobierno a no continuar con el desarrollo del acuerdo estatutario que permite actualizar y mejorar la relación laboral entre la administración y el personal en busca de prestar mejor calidad del servicio público.

La propuesta de mejora fue negociada durante más de un año. Alcanzado el acuerdo, fue ratificada por la asamblea de los trabajadores para luego hibernar en la mesa del alcalde hasta este momento en que, obligado por una sentencia judicial, lo incluye en el pleno. Finalmente, este órgano acuerda dejarlo sobre la mesa por faltar los informes de recursos humanos, área que es competencia del propio José Daniel Díaz, y otros aspectos que deben ser adaptados al marco jurídico que rige las administraciones públicas.

La sensación es que José Daniel Díaz, que presume de ser jurista, se ha aprovechado de la buena fe negociadora de la representación del personal y le ha tomado el pelo al conjunto de los trabajadores, pues ha tirado por tierra el trabajo, reuniones y tiempo empleado en un documento que no parece interesar ni al responsable de Recursos Humanos, ya que es el propio Grupo de Gobierno el que vota a favor de dejarlo sobre la mesa y no continuar el trámite, por su

incapacidad de reunir los informes que deben obrar en el expediente y que puedan ser informados favorablemente por los órganos de Secretaría e Intervención general del Ayuntamiento.

De un responsable político se espera el impulso de los asuntos públicos y la solución a los problemas enquistados. El personal que trabaja en el Ayuntamiento es pieza fundamental para dar servicios de calidad y atención a las posibles demandas de la ciudadanía. En este sentido, dos de las materias que debió haber gestionado el alcalde como responsable de área durante este mandato han fracasado por completo: la renovación del convenio del personal laboral de un lado y, del otro, el acuerdo ‘marco’ que regula el personal funcionarial del ayuntamiento, tal y como establece la ley y el motivo por el que en el pasado se movilizó este colectivo al que pertenece la Policía Local entre otros. Se condena así el futuro de la gestión municipal ante la inseguridad jurídica en que se encuentran el personal que integran la entidad local.

Díaz y su Grupo de Gobierno vuelven a hacer uso de la improvisación y la incapacidad de gestión ante la responsabilidad que ostentan ya que, a pesar de las reuniones que han tenido junto a los perjudicados, han demostrado que no tienen ningún tipo de voluntad política en mejorar las condiciones del personal del ayuntamiento que dirigen.

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