La Justicia acecha al alcalde de Adeje y presidente del PSOE canario.
En menos de un mes la jueza del Caso Monkey debe decidir si existió delito en la ampliación del local que se encuentra en primera línea de la playa de Troya.
El Alcalde de Adeje y Presidente del PSOE canario José Miguel Rodríguez Fraga, junto a los concejales socialistas Adolfo Alonso, Manuel Luis Méndez, Amada Trujillo, así como la exconcejal María Isabel Fernández, la exconcejala y actual Directora Insular de desarrollo Socioeconómico en el Cabildo de Tenerife Ermitas Moreira y la exconcejala y actual Jefa de Gabinete de Presidencia en el Cabildo, Carmen Rosa González Cabrera, junto al ex viceconsejero regional de Política Territorial Jesús Romero; la ex jefa de la Demarcación Provincial de Costas, Teresa Sánchez; así como técnicos de las administraciones implicadas, están imputados o investigados por conceder los permisos que permitieron la ampliación de las instalaciones del Monkey Beach Club, que ha permitido al establecimiento incrementar sus dimensiones en 440 metros cuadrados y crecer en dos plantas.
Hay que recordar que el caso Monkey investiga un presunto delito contra la ordenación del territorio, en su vertiente de prevaricación urbanística y a menos de un mes para que la jueza que investiga la causa penal diga si existió delito contra la ordenación del territorio en las obras de ampliación del Monkey Beach Club, en primera línea de la playa de Troya. Hace casi un año, pudieron esquivar la decisión final de la jueza, ya que ésta alargó un año más la causa para pedir más pruebas periciales. Ahora se cumple ese año y la Justicia vuelve a sembrar serias dudas sobre la gestión con este asunto y más teniendo en cuenta el contundente informe de 107 folios, elaborado por un perito judicial que dictamina que ni era posible autorizar las obras ni cabe su legalización.
El establecimiento del Monkey Beach Club, cuya construcción original data de 1977, ocupa la servidumbre de protección y de tránsito del dominio público marítimo-terrestre, donde la Ley de Costas de 1988 impide las obras que supongan un aumento del volumen de las edificaciones levantadas antes de la entrada en vigor de la norma estatal. Pese a las restricciones urbanísticas que afectan al local de ocio, la Consejería de Política Territorial del Gobierno canario y el Ayuntamiento de Adeje concedieron los permisos necesarios para autorizar el primer proyecto de ampliación y un modificado presentado durante el desarrollo de los trabajos.
Incumplimientos
Son varios los incumplimientos detectados durante la instrucción de la causa penal, que se abrió a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife. La Ley de Costas establece que "se deberá evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes" en la zona de influencia del dominio público marítimo-terrestre, lo que incluye la servidumbre de protección, sobre la que se ubica la nueva instalación del Monkey Beach Club.
La Ley de Costas también incorpora una disposición transitoria, la cuarta, que es clave para entender las sospechas que pesan sobre la ampliación del local de ocio al regular las limitaciones que afectan a las construcciones anteriores a la entrada en vigor de la normativa estatal. En referencia a las edificaciones en zona de servidumbre de protección, establece que "podrán realizarse obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie". La reforma del Monkey Beach Club ha permitido al establecimiento incrementar sus dimensiones en 440 metros cuadrados y crecer en dos plantas.
Los incumplimientos de la normativa urbanística llevaron al Ayuntamiento a precintar el local, acostumbrado a organizar fiestas en primera línea de playa, y ahora solo cuenta con permiso para desarrollar actividad de restauración.
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