El Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria aprobó hoy la constitución y la composición del nuevo Tribunal Administrativo para Contratos Públicos, que estará presidido por Adolfo Jiménez Jaén, “sólido profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria”, informó el consejero de Presidencia, Pedro Justo Brito.
Los vocales de este nuevo órgano, prosiguió, serán Manuel Pérez Ojeda, reconocido jurista del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, y María Dolores Ruíz San Román, oficial mayor de la Institución insular.
El Cabildo de Gran Canaria es el único que tiene Tribunal Administrativo independiente, el resto se ha adherido al del Gobierno autónomo, y su objetivo “es evitar pleitos en la contratación”, que las partes puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas y contar con una resolución en menos tiempo, ya que la ley prevé un plazo máximo de dos meses.
Aunque el Cabildo y la ciudadanía nunca perderán su derecho de acudir a la Justicia si no están conformes con el dictamen, “generalmente se suele quedar en la resolución de los tribunales administrativos por sus sólidos planteamientos”, explicó.
Este órgano agiliza así los procedimientos administrativos, y también evita “la picaresca que a veces se tiene de bloquear las adjudicaciones que se hacen con la presentación de pleitos que impiden el desarrollo de los contratos tras la adjudicación”.
El Cabildo de Gran Canaria firma al año más de un centenar de contratos administrativos, aparte de los que firman sus entes dependientes, y son recurribles los que están sujetos a la regulación de armonizados, esto es, los de servicios que superen los 209.000 euros y los de obras superiores a 5.225.000 euros, entre otros, con la particularidad de que la presentación de un recurso suspende la firma del contrato, de ahí la necesidad de contar con una herramienta ágil de resolución. De este modo, los primeros en ocupar al Tribunal Administrativo de Gran Canaria serán los de conservación de carreteras.
Esta nueva herramienta es una opción que tiene la ciudadanía para que, cuando no esté conforme con la resolución de las contrataciones, cuente con una vía más rápida y económica para resolver su inconformidad.
La elección de los tres miembros es por un periodo de cinco años con posibilidad de ser reelegidos por un periodo de igual duración, concluyó el consejero.
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