El exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa relacionados con el pago de cuatro millones de euros por mascarillas que nunca fueron entregadas. También se investiga a otros implicados por estafa agravada, blanqueo de capitales y prevaricación.
Según informó Europa Press, los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Las Palmas y Madrid han realizado una entrada a las 08.25 horas de este jueves, 9 de mayo, en la sede de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Su objetivo es buscar información relacionada con el 'caso Mascarillas'.
El exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, estuvo ante la Fiscalía Europea este lunes, 6 de mayo, y se acogió a su derecho a no declarar. Este registro se realiza debido a que Domínguez se encuentra entre los investigados.
En una causa en la que se investigan los cuatro millones de euros pagados durante la pandemia a una empresa por un millón de mascarillas que no llegaron a ser recibidas, Domínguez acudió en calidad de investigado. Por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa, el exdirector del SCS está siendo investigado.
Tras dos años en el cargo durante el Gobierno autonómico del socialista Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, presentó su dimisión en noviembre de 2022.
El pago de cuatro millones de euros por adelantado a la empresa RR7 United por mascarillas que nunca fueron entregadas está siendo investigado por el Ministerio Público europeo. Específicamente, se ha descubierto que las mascarillas falsificadas fueron destruidas por agentes de Aduanas en el Puerto de La Luz después de llegar un cargamento procedente de Etiopía.
Domínguez y Rayco González, administrador de la empresa RR7, están siendo investigados por el órgano comunitario tras una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas. Los delitos que se les imputan son estafa agravada y blanqueo de capitales. Además, Ana María Pérez, exdirectora general de Recursos Humanos del SCS, también está siendo investigada por prevaricación.