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El acuerdo de Junta de Gobierno se tomó el pasado 22 de febrero a consecuencia de un informe municipal, ratificado por el Tribunal de Contratos, que alertaba de la supuesta irregularidad del pago de un canon por el uso de la red municipal

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento determinan que esta fórmula es la recomendada para una mejor defensa de los intereses colectivos

La Junta de Gobierno ha desestimado las alegaciones de Sacyr y EMMASA y prohíbe que se siga abonando el canon, aprobado en 2007. Faculta a los servicios jurídicos municipales a iniciar las acciones jurisdiccionales para cumplir el sentido de la interpretación del acuerdo

El Consejo Consultivo determina que los pagos a Sacyr por el uso de la red municipal no están recogidos en la adjudicación del contrato. Se trata de alrededor de 30 millones de euros

Ante las dudas que ha mostrado la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, respecto a la legalidad de la devolución de 2,3 millones anuales por parte de la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa), a la compañía Sacyr; Coalición Canaria reitera que ninguno de sus miembros ha tenido constancia de irregularidad alguna en el sentido señalado, un hecho que tampoco ha sido advertido ni por la Intervención municipal ni por el servicio

Arcila recuerda que Sacyr debe también al pueblo de Santa Cruz 45 millones de euros por inversiones no ejecutadas, 10 millones por reparaciones no realizadas y 17 por subcontrataciones no autorizadas

Ante las noticias recogidas por los medios de comunicación respecto a la denuncia de Unidas Podemos, José Manuel Bermúdez pide que se informe sobre si cabe la personación del Ayuntamiento en dicha denuncia

Arcila destaca que el grupo ecosocialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz se lo había advertido de manera reiterada desde que entró en la corporación en 2011

Los informes de Servicios Públicos, Asesoría Jurídica e Intervención Municipal concluyen que esos pagos, que se realizan desde 2007 y que suman 29,9 millones de euros, no están recogidos ni en el contrato ni en el pliego, por lo que se incoa un procedimiento de interpretación del contrato y se requiere a Emmasa para que suspenda los pagos y reclame las cantidades indebidamente abonadas

La justicia da la razón a la opocisión y al Gobierno y rechaza la subida del agua en Santa Cruz