Protección

La tragedia del cayuco en El Hierro resalta el alto costo humano de la migración infantil en España. Un informe de Save the Children denuncia fallos en la protección de menores migrantes, evidenciando vulneraciones de derechos y la falta de atención adecuada. Se proponen mejoras en la identificación y tutela de estos niños.

La normativa exige la consulta al Patronato del Parque para autorizar una concentración, un requisito que no fue cumplido; el Cabildo recuerda que la ley es igual para todos y debe aplicarse con rigor en espacios de máxima protección.

La aprobación inicial del catálogo supone la creación de un marco legal y técnico para proteger más de 800 bienes de valor histórico, arquitectónico, etnográfico, arqueológico y paisajístico en el municipio. El documento ha sido elaborado por profesionales y coordinado desde el área de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento.

Podemos Adeje denuncia que la Dirección General de Patrimonio Cultural reduce la gravedad de la infracción pese a la destrucción irreversible de patrimonio y recuerda que los hechos se produjeron bajo órdenes de paralización.

El Ministerio de Cultura de España ha anunciado medidas para proteger al sector audiovisual español frente a posibles ataques de la administración Trump. Esta decisión se enmarca en un contexto de creciente preocupación por las políticas que podrían afectar a la industria cultural. La reunión con representantes del sector audiovisual resalta el compromiso del gobierno español en salvaguardar los intereses culturales y tecnológicos del país.

Ampliar el escudo de protección a un mínimo de 580 inmuebles históricos y con valor patrimonial del municipio.

Se compromete a continuar trabajando para dar a esta importante figura la cobertura jurídica necesaria y que, de este modo, sus miembros cuenten con los medios necesarios para desarrollar su labor con seguridad.

Isla Ramos asume como nueva directora general de Save the Children España, tras la salida de Andrés Conde al comité internacional. Con seis años como subdirectora, Ramos liderará un equipo de más de 400 profesionales, enfocándose en la protección y oportunidades para la infancia vulnerable en un contexto global cambiante.

Los profesionales del área destacaron que tienen muchos casos que atender, según informan tienen unos 12.000 menores tutelados en Canarias.

Escuchar sin interrumpir, no emitir juicios ni valoraciones, crear un clima cálido y de confianza, respetar los silencios, evitar la revictimización: el Ministerio del Interior ha diseñado un manual para que el personal policial sepa cómo tratar y entrevistar a las víctimas de violencia de género.

La denuncia de las víctimas es esencial para la protección que ofrece la Ley contra la violencia de género, según expertos de la Guardia Civil. María Ángeles Artiles y Patricia Talens destacan la importancia de visibilizar el maltrato y animan a las mujeres a denunciar. En el marco del vigésimo aniversario de la Ley Orgánica 1/2004, subrayan que sin denuncia, los problemas de violencia se agravan y normalizan. La formación y sensibilización en las fuerzas de seguridad son cruciales para ofrecer una protección integral a las víctimas y sus hijos. A pesar del avance social en la percepción de la violencia de género, persisten barreras en entornos no urbanos.

La Diputada del Común, Lola Padrón, destaca la urgencia de proteger los derechos de los menores no acompañados en Canarias, quienes enfrentan condiciones precarias. Aboga por un acuerdo que garantice su bienestar y llama a la colaboración entre gobiernos y sociedad para asegurar su atención adecuada y digna.

La campaña contempla la difusión de material gráfico y audiovisual en el que se explica cómo actuar en caso de encontrar algún ejemplar de ave desorientado, así como el reparto de cajas para su colocación a la espera de su recogida por personal cualificado de la Unidad de Medio Ambiente

La asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha condenado las "continuas agresiones" que sufren los agentes y su "pérdida del principio de autoridad" creciente y ha exigido al Ministerio del Interior que agilice su reconocimiento como profesión de riesgo y aumente sus medios de protección