La Gerencia de Urbanismo adjudica los trabajos y obtiene la autorización judicial para acceder a la propiedad, un complejo abandonado y declarado en situación de ruina.
El Obispado de Tenerife ha emitido un comunicado este lunes en el que garantiza que no ha inscrito ninguna propiedad en el registro "del que no tenga la certeza de ser su legítimo propietario"
