menores migrantes

El Gobierno ha cerrado con Junts un acuerdo para reformar el artículo 35 de a Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes, lo que incluiría la distribución de menores que se encuentran ahora en territorios tensionados por la presión migratoria, como es el caso de Canarias -que tutela a más de 5.000 niños y adolescentes-. Según Junts, de ese reparto, Cataluña recibiría 27 mientras que a Madrid le corresponderían 700.

Considera que “la delegación de competencias en materia migratoria se ajusta a derecho” y que “ahora toca trabajar para que la Unión Europea tenga una política coherente con el fenómeno migratorio y buscar vías para resolver un problema que va para largo”

El PSOE Canarias exige a Clavijo que desautorice a su secretario de Organización o “será cómplice del posible fracaso”.

La media de ocupación de los centros de acogida de menores migrantes alcanza el 123% de su capacidad, con picos del 160% en momentos de repunte

Román Rodríguez afirma que, si el presidente insiste en la distribución, pero su propio Gobierno lo impide, es un jefe del Ejecutivo rehén y sin liderazgo real

Luis Campos anticipa que, si se logra cerrar el acuerdo para la derivación extraordinaria de 4.000 menores, el PP volverá a obstruir este acuerdo.

La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha reiterado que Baleares no puede y no tiene capacidad para acoger menores migrantes no acompañados de otras comunidades autónomas.

Los servicios jurídicos de la comunidad autónoma y los estatales trabajarán en un documento legislativo que garantice el reparto de niños y niñas para aliviar la situación “límite” de Canarias. El presidente defiende la fórmula de un decreto ley por su rapidez y confía en contar con el respaldo de la gran mayoría de los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.

Los presidentes de Canarias y Euskadi proponen una distribución extraordinaria de menores no acompañados para aliviar la situación en sus comunidades. Buscan garantizar sus derechos y necesidades básicas, instando al Gobierno español a colaborar en esta gestión migratoria urgente y equitativa, con un plan estratégico y recursos adecuados.

Nira Fierro, presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, criticó al vicepresidente canario, Manuel Domínguez (PP), por no llegar a acuerdos sobre la acogida de menores migrantes y por "tomar el pelo" a la ciudadanía. Afirmó que el empeño real es del presidente Pedro Sánchez y cuestionó la eficacia de Domínguez en resolver problemas canarios.

Casimiro Curbelo, portavoz de ASG, propone un plan para atender a menores migrantes no acompañados en Canarias, pidiendo mayor implicación del Estado y la UE. Critica la falta de solidaridad en su distribución y aboga por un enfoque humanitario, además de un programa para regular la migración laboral desde África.

La Diputada del Común, Lola Padrón, destaca la urgencia de proteger los derechos de los menores no acompañados en Canarias, quienes enfrentan condiciones precarias. Aboga por un acuerdo que garantice su bienestar y llama a la colaboración entre gobiernos y sociedad para asegurar su atención adecuada y digna.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, convocó a grupos parlamentarios y ONG para reafirmar un acuerdo sobre la crisis migratoria. Enfatizó la necesidad de una posición unificada ante la Conferencia de Presidentes del 13 de diciembre, reclamando la modificación de la Ley Orgánica de Extranjería y mayor solidaridad entre comunidades.

Nueva Canarias-Bloque Canarista critica al PP por obstaculizar la modificación de la ley de extranjería, impidiendo soluciones a la crisis de menores migrantes en Canarias. Exigen acciones del presidente Fernando Clavijo y advierten que el PP, liderado por Ayuso, prioriza sus intereses sobre las necesidades del Archipiélago.

El PP, el Gobierno y representantes de Canarias y Ceuta retoman la negociación sobre migración, pero el partido se muestra pesimista sobre un acuerdo para reformar la Ley de Extranjería. Se discuten medidas como el apoyo de Frontex y el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas.