La sección primera de la Audiencia de Palma ha declarado visto para sentencia el juicio por estafa e insolvencia punible a los seis hermanos Ruiz Mateos Rivero, por la compra de los hoteles Beverly Playa Paguera y Beverly Park Maspalomas. La Fiscalía Anticorrupción pide condenas de 7 años y 6 meses y multas de 121.500 euros para cada uno de ellos, así como que indemnicen a los vendedores por lo no pagado en la compraventa, estima en más de 46,4 millones.
El fiscal Juan Carrau también ha planteado una petición subsidiaria y, si el tribunal no considera que los hechos son una estafa, pide que los seis acusados sean condenados por insolvencia punible a 3 años de prisión y multa de 81.000 euros.
El acusador público cree que los hermanos Ruiz Mateos, directivos de Nueva Rumasa, aparentaron una solvencia inexistente para que los dueños de los hoteles les vendieran en 2008, por 75,8 millones, su participación en las sociedades propietarias de los establecimientos, con garantías y avales personales inveraces y mediante una puesta en escena sobre su solvencia.
Posteriormente hipotecaron los hoteles y obtuvieron créditos y préstamos que utilizaron para fines ajenos a la actividad hotelera y "en su exclusivo beneficio", según la Fiscalía. Dejaron de atender los pagos un año y 4 meses después de la compra e hicieron inviable cualquier posibilidad de recuperación de activos con maniobras jurídicas.
El fiscal dijo el pasado viernes en sus conclusiones que los seis acusados generaron "una maniobra de confusión" deliberada para confundir a los vendedores y estafarles, ocultaron que no tenían patrimonio y "nunca tuvieron la más mínima intención de hacer frente al pago del resto del precio que quedaba aplazado".
La defensa de los seis hermanos Ruiz-Mateos ha pedido hoy al tribunal la absolución al atribuir a la crisis económica el impago tras la compra de las sociedades propietarias de los hoteles situados en Paguera (Mallorca) y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). Ninguno de los seis acusados, Zoilo, José María, Javier, Alfonso, Pablo y Álvaro Ruiz Mateos Rivero, ha hecho uso del turno de palabra en la última sesión de la vista oral que.
"La pertenencia a una familia, aunque sea la familia Ruiz Mateos, no constituye un título de imputación jurídico-penal", ha asegurado el abogado de los seis hermanos, Juan Manuel García-Gallardo, quien ha recalcado que "se enfrentan a una situación dramática" porque han llegado a este juicio tras otros procesos y está "instalada la convicción de su culpabilidad y falta de credibilidad".
Ha subrayado que la operación la impulsó José María Ruiz Mateos padre, de quien un testigo dijo en el juicio que "solo él tenía la palabra", según ha recordado el abogado.
El defensor ha recordado que varios directivos y abogados de Nueva Rumasa han declarado en el juicio que a quien reportaban era a Ruiz Mateos padre, de quien recibían instrucciones y con quien se reunían en Somosaguas sin asistencia de los hijos, que no tenían poder de decisión.
"Ruiz Mateos padre tenía su personalidad y su manera de dirigir sus empresas y depositaba la confianza en personas que la tenían desde hacía tiempo y de la antigua Rumasa", ha dicho el abogado, quien ha explicado que el difunto empresario delegaba las gestiones de asuntos serios e importantes en personas de confianza y "no se lo encargaba a un hijo".
La defensa ha reprochado a las acusaciones que han "criminalizado" un negocio. Según el abogado, los Ruiz-Mateos pagaron 22.023.431 euros de los casi 75 millones de la compra.
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