La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática contiene una Disposición Adicional octava que se ha calificado como la “Ley de Nietos”, incluyendo un procedimiento destinado a nacionalizar a extranjeros descendientes de españoles exiliados. Pero una Instrucción del Ministerio de Justicia (DGSJFP) de 25 de octubre de 2022, dictada por el Gobierno sin acuerdo político ni votación parlamentaria, presume -yendo más allá de la Ley- que son exiliados todos los que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, más los que salieron entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978 que lo acrediten documentalmente.
La corrupción generalizada que asalta al Gobierno español, unida a su debilidad parlamentaria y a la posibilidad de que Pedro Sánchez acabe siendo investigado en varios procedimientos penales, genera fuertes desconfianzas sobre su intención de permanecer en el poder utilizándolo como un blindaje personal. Ya en el reciente Congreso Federal del PSOE Sánchez advirtió a García-Page, que le pedía la convocatoria de elecciones generales, con una frase de la “Divina Comedia” de Dante colocada por el poeta florentino en la puerta del infierno: “Abandonad toda esperanza”.
Varios comunicadores españoles llevan tiempo advirtiendo de los peligros de esta normativa, que abre la posibilidad de realizar un asalto al censo electoral por la puerta de atrás. La periodista de El Debate Isabel Durán ha sido una de las principales investigadoras de este preocupante asunto, y ha enumerado lo que llama “Las trampas de la Ley de Nietos”:
1) Una irregular ampliación de su objeto. La Ley de Memoria Democrática reconoció la nacionalidad a los descendientes del exilio franquista, y las Cortes rechazaron en dos votaciones ampliarla a los emigrantes económicos. Cinco días después de su publicación en el BOE, la citada Instrucción del Ministerio de Justicia hizo lo que el Parlamento había negado expresamente y extendió el derecho a toda la emigración española.
2) Un derecho pensado para reparar una persecución política se quiere transformar en un coladero electoral. Y que, además, engorda el censo electoral exterior con quienes justifiquen, aun de manera dudosa, algún tipo de remota conexión con España.
3) El engaño masivo a votantes del exterior. El Gobierno español miente a los futuros nacionalizados asegurándoles que el PP se oponía a la ampliación y que derogaría la Ley, cuando la formación de Núñez Feijóo lleva reivindicando desde hace veinte años que la Ley se abra, ordenadamente, a todos los descendientes del exilio español sin discriminación por causas políticas.
4) El orden de inclusión en el censo. La tramitación de más de dos millones y medio de peticiones de nacionalidad es inviable para cualquier país. La arbitrariedad en su concesión hace que miles de solicitantes tengan sus peticiones en un limbo administrativo mientras que otros ya las tengan tramitadas e incluso concedidas. Las labores del “fontanero” Paco Salazar, expulsado de la dirección del PSOE por acosador sexual y ahora destinado en Argentina a estos menesteres, están empezando a dar frutos.
5) La nacionalización de prohombres de las dictaduras latinoamericanas. La investigación del juez Pedraz ha desvelado que el Gobierno tiene especial interés en nacionalizar a colaboradores de las dictaduras de izquierdas latinoamericanas, como el chavista Nervis Villalobos, exviceministro de Hugo Chávez, que llevaba una década solicitando la nacionalidad vía residencia y la ha obtenido recientemente por la “Ley de Nietos”.
6) Las trampas de Cuba. El consulado español en La Habana ha contratado una empresa del régimen para acelerar el asalto al censo de más de 350.000 cubanos de supuesto origen español. Nadie al margen de la dictadura de Díaz-Canel puede corroborar la veracidad de los documentos de todos esos solicitantes.
7) La adscripción selectiva. El sistema ha sido diseñado para impactar en el censo electoral empadronando a los nacionalizados en las provincias estratégicamente seleccionadas por el Gobierno para producir un vuelco electoral. Son opacos los criterios de adscripción de los nacionalizados a las provincias concretas. Se ha publicado que pretenden incrementar el censo de Madrid en más de 124.000 personas.
8) INECO en Argentina. En el Consulado General de Buenos Aires, con 645.052 solicitantes de la Ley de Memoria Democrática, el proceso nacionalizador se ha externalizado utilizando a INECO, la empresa pública que llegó a tener en nómina -sin trabajar- a la expareja del ministro Ábalos. El objetivo es que Buenos Aires sume al censo más españoles que Málaga, Murcia o Palma. Argentina suma un millón de peticiones y es el granero histórico del voto exterior del PSOE.
9) La paradoja de los archivos parroquiales. El Gobierno de Sánchez, que reivindica la memoria de un solo bando, apoya su nacionalización masiva en los archivos parroquiales que la violencia anticlerical de aquellos años redujo a cenizas, y que hoy, en muchos casos nadie puede realmente verificar.
10) La nacionalidad concedida para trampear elecciones es un pucherazo a la democracia. Lo que una democracia no puede permitir es que ese derecho se convierta en una máquina de fabricar votos sin garantías para colar votantes fidelizados por la puerta de atrás.
Conociendo los inexistentes escrúpulos morales de Sánchez y lo apretado que está desde el punto de vista penal, toda prevención en esta materia será poca. Carece de sentido que, por necesidades puntuales acuciantes del presidente del Gobierno y su familia, acaben decidiendo las elecciones personas que nunca van a vivir ni tributar en España.
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