Durante meses, el Gobierno de España defendió el nuevo registro de viajeros como una herramienta imprescindible para reforzar la seguridad y combatir la delincuencia. Sin embargo, desde el primer momento, hoteles, agencias de viajes, empresas de alquiler de vehículos y las principales organizaciones turísticas advirtieron de que la norma cruzaba líneas rojas difíciles de justificar. No cuestionaban la necesidad de colaborar con las fuerzas de seguridad sino la desproporción de las obligaciones impuestas a las empresas y la enorme cantidad de datos personales exigidos a millones de ciudadanos que no estaban siendo investigados por ningún delito.
Ahora, la Comisión Europea ha decidido abrir un procedimiento de infracción contra España al apreciar indicios de vulneración de la normativa comunitaria de protección de datos. Bruselas considera que parte de la información que el Ejecutivo obliga a recopilar puede resultar excesiva y difícilmente compatible con los principios de necesidad y proporcionalidad que inspiran el derecho europeo. Es decir, exactamente lo que venía denunciando el sector desde hace meses.
Los hoteleros alertaron de que se estaba construyendo un sistema burocrático invasivo, de enorme complejidad técnica y con riesgos evidentes para la privacidad de los ciudadanos
La decisión supone un serio revés para el Ministerio del Interior. No porque la Unión Europea haya dictado todavía una condena definitiva, sino porque evidencia que las críticas no eran una mera pataleta empresarial ni una resistencia corporativa al cumplimiento de la ley. Los hoteleros alertaron de que se estaba construyendo un sistema burocrático invasivo, de enorme complejidad técnica y con riesgos evidentes para la privacidad de los ciudadanos. Lejos de escuchar esas advertencias, el Gobierno optó por descalificarlas y seguir adelante.
El caso debería servir como reflexión sobre una preocupante tendencia de los últimos años: legislar desde la imposición, sin diálogo suficiente con los sectores afectados y minusvalorando las objeciones técnicas que se formulan desde la sociedad civil. La seguridad es un objetivo legítimo y necesario. Pero en una democracia avanzada no todo vale en nombre de la seguridad. La recopilación masiva de datos personales exige una justificación sólida, límites claros y garantías efectivas.
La intervención de Bruselas demuestra que aquellas advertencias no eran exageradas. Cuando la propia Unión Europea aprecia indicios de abuso legal en la información que se exige recopilar, el Gobierno haría bien en abandonar la soberbia, revisar la norma y corregir aquello que nunca debió aprobarse en esos términos.
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